La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y del senador Enrique Inzunza Cázarez. La medida responde a las investigaciones y solicitudes de extradición de las autoridades de Estados Unidos, que los acusan en una corte de Nueva York de operar una red de protección política para la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Los detalles del bloqueo financiero
La instrucción de la UIF se formalizó mediante un acuerdo emitido a principios de mes, el cual ya fue notificado a todo el sistema financiero mexicano:
- El acuerdo: Se trata del mandato 156/2026, emitido el pasado 6 de mayo y distribuido a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
- Alcance: El bloqueo afecta a Rocha Moya, a Inzunza Cázarez, a nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, y a uno de los hijos del gobernador con licencia.
- Plazo de ejecución: Las instituciones bancarias integradas a la plataforma SITI PLD/FT tienen un plazo de 10 días hábiles para suspender por completo cualquier relación comercial, cancelar operaciones y congelar los activos de los señalados.
La postura de Claudia Sheinbaum
Cuestionada sobre este operativo financiero durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó no tener los detalles específicos del caso en ese momento, pero respaldó la autonomía del organismo:
“No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté… Les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. La UIF es un área que es técnica; entonces, si encuentra alguna irregularidad, procede. Que pueda informar en su momento”, declaró la mandataria.
Presión internacional y acusaciones de narcotráfico
Este golpe financiero ocurre en un escenario de alta tensión diplomática. El gobierno de Estados Unidos mantiene vigentes órdenes de captura con fines de extradición contra el grupo de políticos sinaloenses.
De acuerdo con los expedientes judiciales en Nueva York, a la red de Rocha Moya se le imputan delitos de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y encubrimiento, señalándolos como los facilitadores institucionales que permitieron la expansión de las actividades ilícitas de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán en la región.