La crisis hídrica que azota a la Zona Metropolitana de Querétaro escaló al plano social y legislativo. El diputado local del partido Morena, Ulises Gómez de la Rosa, responsabilizó directamente al Gobierno del Estado de Querétaro por las graves afectaciones vehiculares registradas en la carretera federal 57 (dirección San Luis Potosí), afirmando que el bloqueo de la autopista es consecuencia directa de la negligencia gubernamental para garantizar el suministro de agua.
El legislador morenista señaló que las movilizaciones y el cierre de la principal arteria comercial del país no fueron hechos aislados, sino el resultado del hartazgo de cientos de familias de la delegación Santa Rosa Jáuregui que acumulan meses sufriendo por desabasto, baja presión y tandeos ineficientes sin recibir soluciones de fondo.
Las comunidades afectadas y el origen del conflicto
Las protestas en la vialidad federal fueron encabezadas por habitantes de diversas localidades rurales y de la periferia de la capital queretana, destacando los puntos críticos de:
- La Solana
- Palo Alto
- Zonas conurbadas de Santa Rosa Jáuregui
Estas comunidades determinaron estrangular la circulación hacia el norte del país como medida extrema de presión para exigir que las autoridades de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) se presentaran en el lugar con compromisos firmes de abastecimiento.
Fallas en la planeación hidráulica y abandono rural
Gómez de la Rosa criticó la disparidad en la atención pública del estado, acusando que la actual administración estatal exhibe serias deficiencias en la planeación hidráulica y tiende a priorizar la infraestructura de las zonas urbanas de alta plusvalía, dejando en el olvido a las zonas rurales y periféricas de la capital.
“El acceso al agua es un derecho básico. Esta situación evidencia fallas en la planeación hidráulica y en la atención a las comunidades”, sentenció el diputado.
Finalmente, el representante de la bancada de Morena urgió al Poder Ejecutivo local a deponer las posturas rígidas, privilegiar de inmediato mesas de diálogo resolutivas con los comités comunitarios y atender la emergencia hídrica de las familias afectadas antes de que el descontento civil continúe escalando y paralice otras vías de comunicación estratégicas del estado.