El gobierno federal concretó la firma de un acuerdo estratégico con productores, compradores e industriales del sector agrícola para regular la producción y comercialización del maíz blanco en México. El mecanismo, denominado Sistema de “Ordenamiento de la Production de Maíz Blanco – Precio Justo”, tiene como pilares garantizar la autosuficiencia alimentaria del grano, estabilizar el mercado interno y asegurar la rentabilidad de las familias del campo.
Durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este diseño institucional nació para contener una severa crisis en el sector detectada hace cuatro meses, cuando el precio comercial del grano cayó a 5 mil 200 pesos por tonelada, cifra considerablemente inferior a los cerca de 6 mil pesosque requería el agricultor para cubrir sus costos de producción. La problemática se había agudizado debido a que los grandes compradores industriales saturaron previamente sus inventarios con maíz importado a bajo costo.
Para mitigar el impacto inmediato ante la proximidad de la cosecha en Sinaloa, la administración federal inyectó un fondo de emergencia de cerca de 5 mil millones de pesos en apoyos financieros compartidos con gobiernos estatales y empresas compradoras, logrando vaciar las bodegas de almacenamiento.
Los tres componentes del nuevo sistema
La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López Gutiérrez, detalló que el acuerdo permanente se rige bajo tres ejes operativos:
- Compras anticipadas: Habilitación de contratos previos a las cosechas con precios fijados de mutuo acuerdo entre las partes.
- Insumos a precio justo: Venta preferencial de semillas, fertilizantes y agroquímicos para abatir los costos de producción.
- Protección financiera: Implementación de un esquema de cobertura administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para blindar a los productores ante contingencias climáticas, sanitarias y volatilidad de mercados internacionales.
El programa incorpora inicialmente a 61 mil productores de los estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala y Campeche, abarcando una superficie de 705 mil hectáreas y una expectativa de cosecha de 7 millones de toneladas. Por el lado comercial, participan más de 80 empresas de insumos y corporativos que representan más del 80 por ciento de la cadena de comercialización formal (harineras, nixtamalizadoras y sector pecuario).
Plataforma digital y monitoreo antimonopolio
Por su parte, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional, destacó que el esquema ya rindió sus primeros frutos macroeconómicos al comercializar de forma anticipada más de 2 millones de toneladas por encima del precio internacional. De igual forma, reportó que se negociaron descuentos en insumos del 13 por ciento en promedio, alcanzando en casos específicos rebajas de hasta el 60 por ciento.
A fin de dar transparencia a los procesos y evitar distorsiones o prácticas monopólicas en la cadena de valor, la Sader y la Comisión Nacional Antimonopolio supervisarán de forma conjunta una nueva plataforma digital de vinculación directa. Dicha herramienta tecnológica iniciará operaciones formalmente el lunes 25 de mayo de 2026 para el ciclo agrícola primavera-verano.
El cierre del evento contó con la intervención del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien refrendó la instrucción presidencial de blindar la soberanía alimentaria del país en granos básicos, y de la productora michoacana Francisca Rosalba Jiménez Juárez, quien celebró la certidumbre financiera que este pacto voluntario inyectará a los trabajadores del campo.