El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva titulada Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security (Promover la innovación y la seguridad de la inteligencia artificial avanzada), mediante la cual se habilita al gobierno federal para coordinar con las empresas tecnológicas una revisión previa y voluntaria de los nuevos modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento al mercado.
La versión final del decreto estableció un periodo de evaluación de 30 días, lo que representa una reducción drástica en comparación con el borrador original de 90 días que el mandatario frenó a finales de mayo por preocupaciones asociadas a la competitividad de las firmas estadounidenses frente a China. El ajuste en los plazos destrabó las resistencias internas dentro de la Casa Blanca, permitiendo la promulgación del texto definitivo en una sesión privada en la que participaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y David Sacks.
Arquitectura de la revisión y exclusión de licencias
El documento oficial delimita con precisión el alcance del mecanismo para evitar que sea interpretado como una regulación restrictiva o un freno burocrático al desarrollo tecnológico. La orden ejecutiva aclara de forma explícita que las disposiciones no facultan la creación de un sistema de licencias obligatorias, permisos gubernamentales o autorizaciones previas para la distribución de los denominados «modelos de frontera» (sistemas de IA de última generación).
El esquema voluntario diseñado por la administración estadounidense contempla tres vías de interacción con los desarrolladores del sector privado:
- Mecanismo de consulta: Las empresas podrán verificar de forma proactiva con las agencias gubernamentales si sus proyectos en desarrollo califican bajo la categoría técnica de covered frontier model (modelo de frontera cubierto).
- Acceso restringido previo: Permitir el ingreso de especialistas del gobierno al código o sistema por un lapso máximo de 30 días antes de su liberación general.
- Esquema de confidencialidad: El proceso de evaluación estará estrictamente sujeto a convenios de no divulgación, salvaguardas de ciberseguridad avanzada y protección estricta de la propiedad intelectual de las compañías tecnológicas.
Infraestructura de ciberdefensa y el rol del Tesoro
La orden ejecutiva delega responsabilidades críticas para la protección de la infraestructura nacional. Al secretario del Tesoro, Scott Bessent, se le encomendó la creación del AI cybersecurity clearinghouse (centro de intercambio de información de Ciberseguridad para la Inteligencia Artificial). Este organismo centralizará el escaneo y verificación de fallas informáticas explotables, operando en coordinación directa con el director nacional de Ciberseguridad, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA).
Asimismo, el decreto impone un plazo administrativo de 60 días para que el Tesoro, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional elaboren un proceso clasificado que defina los umbrales técnicos que determinan cuándo un modelo de inteligencia artificial introduce riesgos significativos a la seguridad nacional.
Prioridad en la persecución penal de delitos informáticos
El último segmento de la directiva presidencial aborda la aplicación de la ley penal frente a las amenazas digitales automatizadas. El decreto instruye formalmente al fiscal general de los Estados Unidos a priorizar las investigaciones y los procesos judiciales bajo las leyes federales en contra de los actores delictivos que utilicen inteligencia artificial para perpetrar ataques informáticos.
La orden mandata un endurecimiento de la respuesta punitiva del Estado contra quienes empleen agentes automatizados de IA para vulnerar sistemas de computación públicos o privados, dañar infraestructura crítica, o realizar intrusiones destinadas al robo de bases de datos masivas con fines ilícitos, buscando anticipar las capacidades de la delincuencia informática antes de la masificación de herramientas de automatización a gran escala.