El gobierno de los Estados Unidos mantiene abiertas investigaciones formales en contra de los gobernadores mexicanos Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas) y Alfonso Durazo Montaño (Sonora), por presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado, según reveló un informe publicado por el diario estadounidense Los Angeles Times.
La investigación, firmada por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum con base en fuentes de inteligencia familiarizadas con los expedientes, señala que como parte de los protocolos de seguridad nacional de la Unión Americana, a ambos mandatarios estatales de extracción morenista se les han revocado sus visas de ingreso ordinario al país vecino del norte.
Estatus migratorio especial y razones de los ingresos
A pesar de la cancelación de sus visados consulares, el reporte periodístico detalla que tanto Villarreal como Durazo han continuado cruzando la frontera hacia Estados Unidos mediante la utilización de mecanismos y permisos jurídicos excepcionales, administrados bajo criterios específicos de las agencias de procuración de justicia:
- Alfonso Durazo Montaño: Al exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal se le revocó la visa desde el año pasado. Sus ingresos actuales a territorio estadounidense obedecen a un tratamiento por un padecimiento médico, amparado bajo un programa de libertad condicional (parole) habitualmente reservado para personas que mantienen esquemas de cooperación con las autoridades norteamericanas.
- Américo Villarreal Anaya: La indagatoria en su contra se concentra en redes de contrabando y robo de combustible, actividad conocida como «huachicol». El gobernador de Tamaulipas ingresa a EE. UU. mediante una libertad condicional otorgada por «beneficio público significativo» y, de acuerdo con los testimonios recabados, es escoltado de forma directa por funcionarios federales estadounidenses al cruzar la línea fronteriza.
Antecedentes de la presión judicial de Washington
Este escenario procesal replica las acciones ejecutadas previamente por los fiscales federales en contra de exmandatarios estatales del pacífico mexicano. El diario recordó el antecedente inmediato del 27 de abril, cuando se dio a conocer la revocación de la visa de Rubén Rocha Moya, entonces gobernador de Sinaloa, acción que precedió por 48 horas a la apertura de la acusación formal en la Fiscalía de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por nexos logísticos con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa.
Ante la divulgación de este nuevo informe, la dirigencia nacional de Morena y secretarios del gabinete federal han evitado emitir pronunciamientos punitivos o de separación del cargo para los gobernadores de Tamaulipas y Sonora, limitándose a declarar que el partido oficialista mantendrá a los señalados en sus filas en tanto las agencias de justicia de los Estados Unidos o la Fiscalía General de la República (FGR) presenten y desahoguen formalmente las pruebas materiales correspondientes.