El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) desmintió de forma oficial que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, cuenten con un permiso especial de ingreso a territorio estadounidense conocido como parole. La aclaración institucional surge como respuesta a reportes de prensa que afirmaban que ambos mandatarios morenistas disponían de esta prerrogativa migratoria tras la supuesta revocación de sus visas diplomáticas.
La controversia se originó a raíz de un reportaje de investigación publicado por el diario Los Angeles Times, firmado por el periodista Steve Fisher. La publicación sostenía que las agencias de Washington habían cancelado los visados de los dos gobernadores debido a indagatorias vigentes por supuestos vínculos con el crimen organizado (en el caso de Sonora) y contrabando de combustible o «huachicol» (en el caso de Tamaulipas), otorgándoles a cambio el estatus de Significant Public Benefit Parole (Permiso por Beneficio Público Significativo) para ingresar de manera controlada y cooperar con la justicia.
La respuesta de las agencias de seguridad de Estados Unidos
Ante un requerimiento formal de información institucional, el DHS —tras consultar de manera interna a sus tres componentes migratorios operativos: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— emitió una postura por escrito donde incluyó los nombres y segundos apellidos de los funcionarios mexicanos:
“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido beneficiados con tal permiso [parole]”, determinó la dependencia de seguridad de Estados Unidos.
El Significant Public Benefit Parole constituye un mecanismo migratorio altamente discrecional del gobierno norteamericano. Permite de forma extraordinaria que ciudadanos extranjeros sin una visa vigente permanezcan o ingresen temporalmente al país por razones de interés público apremiante, seguridad nacional o para rendir testimonios oficiales ante un Gran Jurado federal.
Respecto al estatus real de las visas, el Departamento de Estado y el DHS evitaron confirmar o negar de manera individual la vigencia actual de los documentos de viaje argumentando políticas estrictas de confidencialidad, aunque precisaron que la revisión de visados es un protocolo continuo y sujeto a revocación consular inmediata si surge información desfavorable.
Postura del Gobierno de México y tensiones binacionales
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardodescalificó las versiones periodísticas y calificó los informes iniciales como reportes carentes de sustento documental. Al ser cuestionada sobre la supuesta existencia del permiso migratorio especial para los gobernadores de su partido, la mandataria ironizó sobre el manejo mediático y atribuyó la propagación de estas narrativas a presiones políticas coordinadas:
- Estrategia de infundir temor: La presidenta acusó que las filtraciones forman parte de una campaña sistemática promovida por «sectores de la ultraderecha» de ambos países para sembrar desconfianza entre la ciudadanía mediante la narrativa de los retiros de visados.
- Intencionalidad político-electoral: Sheinbaum Pardo vinculó la difusión de estas indagatorias con intentos externos de influir en la agenda electoral y debilitar la posición institucional del Gobierno de México.
- Relación bilateral: Descartó que estas acusaciones representen una política unificada de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, señalando que medios extranjeros construyen líneas editoriales adversas hacia el país de forma regular.
Este nuevo frente de discusión diplomática se inscribe en un escenario de creciente presión desde Washington hacia la clase política mexicana, acentuado tras la presentación de cargos de la justicia norteamericana contra una decena de funcionarios y exfuncionarios, incluyendo la situación jurídica del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.