El estado de Querétaro enfrenta un reto considerable en la consolidación del nuevo sistema de justicia laboral, al mantener un acumulado de 11 mil 547 expedientes en proceso de resolución al cierre de su último balance estadístico. Así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de los resultados del Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal (RALABE).
El informe técnico detalló que desde la implementación de la reforma en la materia (abarcando el periodo de noviembre de 2020 a diciembre de 2025), se han abierto en la entidad un total de 18 mil 768 expedientes laborales, de los cuales 17 mil 756 fueron radicados formalmente ante los tribunales locales. No obstante, la capacidad de desahogo institucional muestra un rezago operativo, ya que solo 3 mil 997 asuntos lograron ser solucionados en dicho lapso.
Brecha de género y déficit de juzgadores en la entidad
El análisis del INEGI puso de manifiesto la limitada infraestructura humana con la que cuenta el Poder Judicial del Estado de Querétaro para atender la demanda de la clase trabajadora y patronal. La entidad cerró el año anterior con apenas seis personas juzgadoras especializadas en materia laboral.
Esta cifra representa un marginal 2.3 por ciento del total nacional, el cual asciende a 261 jueces especializados en todo el país (un incremento general del 6.5 por ciento en comparación con 2024). Aunado a la escasez de personal, el reporte evidenció una marcada disparidad de género en los nombramientos locales, debido a que el 83.3 por ciento de las plazas de juzgadores en Querétaro son ocupadas por hombres (cinco jueces) y únicamente el 16.7 por ciento por mujeres (una jueza).
Panorama nacional: Procesos lentos y sectores vulnerables
A nivel de la República Mexicana, los poderes judiciales de las entidades federativas experimentaron un incremento del 7.8 por ciento en la apertura de nuevos expedientes laborales durante el último año, alcanzando los 130 mil 921 casos. En contraste, la resolución de conflictos sufrió una desaceleración global del 4.9 por ciento, promediando apenas 41 mil 116 expedientes concluidos.
Las métricas del RALABE exponen la lentitud que impera en el desarrollo de las audiencias y dictámenes:
| Tiempo de resolución (Procedimientos ordinarios) | Porcentaje de expedientes a nivel nacional |
| De 241 a 365 días hábiles (Entre 11 y 17 meses reales) | 13.2% de los casos solucionados |
Finalmente, el organismo de estadística identificó que las controversias y demandas por despidos injustificados, contratos colectivos o prestaciones de ley se concentran de forma prioritaria en tres sectores dinámicos de la economía: las industrias manufactureras, el comercio al por menor y el segmento de información en medios masivos.