A solo quince días de que concluya el periodo oficial para asociar las líneas de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP), cerca de 85 millones de celulares continúan sin cumplir con este requisito legal en México. De acuerdo con el último balance emitido el 12 de junio por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), únicamente 59 millones 167 mil líneas han completado el trámite, de un universo total de 144 millones de cuentas activas en el país.
Riesgos operativos y deshabilitación de servicios
El director de Política Regulatoria de la CRT, Ricardo Castañeda, advirtió que el plazo fatal para realizar la vinculación concluye el próximo 30 de junio. Aquellos usuarios que omitan registrar su clave de identidad verán suspendido y deshabilitado su servicio de forma inmediata a través de sus respectivos proveedores de red, entre los que se encuentran Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes (infraestructura utilizada por operadores virtuales como Bait).
La interrupción del servicio telefónico acarreará serias afectaciones en la rutina digital de los usuarios:
- Validación Bancaria: Se bloqueará la recepción de mensajes de texto (SMS) indispensables para autorizar transferencias y movimientos financieros.
- Recuperación de Cuentas: No se podrán recibir los códigos de verificación de dos factores necesarios para reestablecer contraseñas en aplicaciones de mensajería, redes sociales o plataformas de entretenimiento.
Desinformación y mitos sobre el uso de datos
El organismo regulador atribuyó el lento avance del padrón a la resistencia de los usuarios derivada de la desinformación en plataformas digitales. Castañeda aclaró que el proceso no contempla la recopilación de datos biométricos (como huellas dactilares o reconocimiento facial) por parte del gobierno, así como tampoco faculta a las autoridades para monitorear la geolocalización, hábitos de consumo o el comportamiento privado de los ciudadanos.
El funcionario puntualizó que el objetivo de la medida es estructurar un entorno de seguridad jurídica:
“De lo que se trata es de que todos tengamos un clima de mayor confianza en el uso de nuestro servicio, que como sociedad estemos más tranquilos de que en caso de que sea necesario investigar la comisión de un delito, las autoridades tengan una pieza importante de información para perseguirlo con mayor eficacia”.
Marco normativo y resguardo de la información
Frente a los temores ciudadanos sobre la vulneración de la privacidad, la CRT enfatizó que todas las empresas concesionarias del sector telecomunicaciones están estrictamente obligadas a cumplir con las leyes vigentes en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Las compañías telefónicas tienen la obligación legal de poner a disposición del público su aviso de privacidad y de implementar protocolos de seguridad informática avanzados, tales como la encriptación de bases de datos y barreras administrativas. Estas salvaguardas garantizan que los titulares de las líneas puedan ejercer de forma plena sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), manteniendo sus datos personales bajo el mismo esquema de protección y confidencialidad que actualmente emplean las instituciones bancarias o los proveedores de servicios públicos de energía y agua.