El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, fijó una postura contundente respecto al debate bilateral de seguridad, señalando que cualquier servidor público o actor político que sea vinculado con actividades de la delincuencia organizada debe someterse estrictamente a la jurisdicción de los tribunales e instituciones de procuración de justicia mexicanas.
Las precisiones del legislador federal se suscitaron en el marco de la controversia generada por las recientes declaraciones de Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (zar antidrogas), referentes a investigaciones en contra de redes de protección política en territorio nacional.
Legalidad, debido proceso y soberanía judicial
El líder de la bancada guinda en San Lázaro omitió formular señalamientos o imputaciones hacia nombres específicos; sin embargo, fue enfático en que la complicidad con el crimen organizado no puede tolerarse ni quedar en la impunidad bajo ninguna circunstancia:
- Competencia nacional: Monreal sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) es la única instancia legal facultada para integrar las carpetas de investigación correspondientes y robustecer las indagatorias a partir de pruebas fehacientes.
- Cumplimiento de la ley: «Todo aquel que tenga cuentas pendientes con la ley o que tenga conductas antijurídicas o de complicidad debe pagar por ellas y debe ser juzgado por las autoridades mexicanas», sentenció ante los medios de comunicación.
Asimismo, respaldó la visión del Poder Ejecutivo Federal al recalcar que la relación en materia de seguridad pública con la administración del presidente Donald Trump debe conducirse invariablemente bajo el principio de cooperación sin subordinación, cuidando los marcos normativos del debido proceso.
El contexto de las declaraciones de la zar antidrogas
El pronunciamiento de la Cámara de Diputados se deriva de la entrevista concedida por Sara Carter para el espacio American Thought Leaders, donde la alta funcionaria estadounidense advirtió que Washington mantendrá una estrategia orientada a congelar activos financieros y desmantelar los esquemas de encubrimiento político que favorecen a los cárteles del narcotráfico.
Como ejemplo del nivel de coordinación reciente, Carter ponderó el operativo militar del pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, el cual concluyó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La zar antidrogas detalló que la ubicación del objetivo fue resultado de labores de inteligencia de agencias estadounidenses, mientras que la ejecución en tierra estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y la Guardia Nacional, bajo el mando estratégico del general Ricardo Trevilla.
Postura del Ejecutivo y precisiones sobre fentanilo
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó entablar confrontaciones directas en torno a las declaraciones de la funcionaria de la Casa Blanca, matizando que el gobierno de México respeta las opiniones de las agencias extranjeras pero mantiene una agenda propia y soberana en el combate a los grupos criminales.
Durante el balance de la última reunión bilateral celebrada en la sede diplomática estadounidense, la Jefa de Estado mexicana puntualizó los siguientes indicadores técnicos sobre la producción de narcóticos sintéticos en el país:
- Metanfetaminas: La gran mayoría de los laboratorios clandestinos que han sido ubicados e inhabilitados por las fuerzas federales en territorio mexicano estaban orientados en su totalidad a la producción de metanfetaminas.
- Fentanilo: Sheinbaum precisó que únicamente se tiene registro de tres casos específicos donde se detectó el empaquetado o confección final de pastillas de fentanilo. Subrayó que en México no se realiza la síntesis química o fabricación del precursor desde cero, sino que la materia prima ingresa al territorio ya procesada.
Finalmente, la mandataria mexicana reiteró la exigencia de reciprocidad por parte del gobierno estadounidense, solicitando que el esfuerzo binacional incremente de manera prioritaria el decomiso y freno al tráfico ilícito de armas de fuego de procedencia norteamericana hacia los límites nacionales, a la par del robustecimiento de campañas dirigidas a disminuir los índices de consumo de estupefacientes en la población estadounidense.