La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió de manera clara que su gobierno rechazará la solicitud de detención provisional con fines de extradición en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros exservidores públicos de esa entidad, si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no proporciona los elementos probatorios que sustenten sus acusaciones sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que las agencias norteamericanas no han remitido la documentación formal ni el soporte técnico del expediente a los canales institucionales de México. Detalló que, ante la falta de evidencia, el Estado mexicano se encuentra facultado para desestimar el requerimiento urgente de captura, de manera independiente a las carpetas de investigación que integra la Fiscalía General de la República (FGR).
Rutas legales y el principio de reciprocidad jurídica
Sheinbaum Pardo puntualizó que el tratado bilateral establece procedimientos claros que Washington debe cumplir si pretende la comparecencia de los exfuncionarios sinaloenses ante sus cortes:
- Desechamiento de la vía urgente: Si las agencias estadounidenses no exhiben indicios delictivos de forma inmediata, la petición de detención urgente será denegada por las autoridades mexicanas.
- Juicio ordinario de extradición: La contraparte internacional mantiene la opción de activar un juicio formal, lo cual implica un procedimiento jurídico más prolongado donde, invariablemente, la ley mexicana les obligará a presentar un desglose probatorio pleno.
La titular del Ejecutivo Federal argumentó que esta exigencia no representa una postura extraordinaria, sino un criterio de estricta reciprocidad internacional, recordando que el gobierno de Estados Unidos aplica los mismos parámetros. Como analogía, expuso que el Departamento de Justicia estadounidense ha congelado o rechazado entre 10 y 15 órdenes de detención urgente promovidas por México —incluyendo el expediente penal de un exgobernador del estado de Tamaulipas— bajo el argumento de que las fiscalías mexicanas no aportaron elementos suficientes en su momento.
Situación de seguridad del gobernador con licencia
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció una actualización sobre las condiciones operativas y de seguridad que rodean al mandatario sinaloense bajo licencia.
El funcionario federal precisó que ni Rocha Moya ni los excolaboradores locales referidos en el caso han solicitado esquemas de protección especial al Gobierno de la República, así como tampoco el gabinete de seguridad federal ha considerado necesario asignarles resguardo. García Harfuch confirmó que la integridad del político sigue bajo la responsabilidad de escoltas y personal de protección adscritos formalmente al gobierno del estado o a la fiscalía general de Sinaloa.