El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que la institución participó mediante la emisión de una opinión profesional y técnica en el proceso que derivó en la designación del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, durante la gestión del mandatario Rubén Rocha Moya.
Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina, el alto mando militar matizó los recientes señalamientos de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, quien había responsabilizado directamente a la institución federal por la incorporación de Mérida Sánchez al gabinete de seguridad estatal.
Procedimiento institucional y opinión técnica
El general Trevilla Trejo argumentó que las afirmaciones de la mandataria interina correspondieron a una mala interpretación de los canales de comunicación institucionales. Bajo este tenor, detalló el protocolo normativo que se ejecuta cuando las entidades federativas solicitan la colaboración de las Fuerzas Armadas para robustecer sus cuadros locales:
- Autonomía de los estados: Los gobiernos locales gozan de soberanía absoluta para elegir y remover a los miembros de sus gabinetes de seguridad pública.
- Mecanismo de apoyo: Ante una solicitud expresa de un gobernador, la Defensa Nacional se limita a proporcionar un historial detallado que describe la ruta profesional, la carrera militar y el desempeño que el perfil evaluado mantuvo mientras se encontró en funciones operativas.
Estatus del exfuncionario y deslinde legal
Respecto a la situación jurídica de Gerardo Mérida Sánchez, quien actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades judiciales de Estados Unidos y enfrenta un proceso penal ante una Corte Federal de Nueva York derivado de las investigaciones del caso Rocha Moya, el secretario de la Defensa fue enfático al deslindar a la corporación de cualquier responsabilidad actual.
El general Trevilla precisó que el exfuncionario concluyó su servicio activo e inició su situación de retiro formal desde el año 2022. Por consecuencia, se aclaró que Mérida Sánchez no mantiene ninguna relación laboral, operativa ni de subordinación con la estructura de las Fuerzas Armadas Mexicanas, limitándose sus derechos actuales a trámites puramente administrativos y de seguridad social en su condición de jubilado.
Finalmente, el titular de la dependencia federal aseveró que la institución no cuenta con conocimiento oficial ni acceso a los expedientes o cúmulo de pruebas que la fiscalía y los jueces estadounidenses desahogan en el extranjero en contra del exsecretario estatal.