Una profunda crisis interna sacude al partido oficialista tras revelarse que al menos una decena de funcionarios públicos mexicanos, incluyendo gobernadores y legisladores de Morena, se han ofrecido de manera discreta ante las autoridades de Estados Unidos para actuar como informantes. De acuerdo con una investigación publicada por el diario estadounidense The New York Times, este grupo de políticos busca anticiparse y blindarse frente a las severas pesquisas criminales ejecutadas por la administración de Donald Trump.
La cooperación tras bambalinas cobró fuerza luego de que Washington imputara formalmente a altos mandos del gobierno sinaloense, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el exsecretario de Seguridad Enrique Inzunza Cázarez, por presuntos vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa. Ante el temor de ser arrastrados por una ola expansiva de procesos judiciales, los políticos oficialistas entablaron comunicación directa con agencias norteamericanas.
La estrategia de la DEA y las divisiones en el gabinete presidencial
La captación de estas fuentes de alto nivel responde en gran medida a una iniciativa estratégica de la Administración de Control de Drogas (DEA), cuyos agentes contactaron en privado a funcionarios mexicanos clave con el objetivo de persuadirlos a testificar. Los analistas estadounidenses advierten que si este flujo de testimonios continúa consolidándose, podría detonar un efecto dominó de acusaciones y órdenes de aprehensión que minarían la estabilidad estructural del partido en el poder.
Esta coyuntura coloca a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un escenario de alta complejidad internacional y doméstica. Su postura de confrontación y rechazo hacia lo que califica como actos de injerencia extranjera mantiene fracturado el debate interno de su gabinete de trabajo:
- Bloque pragmático: Aboga por flexibilizar la postura diplomática y colaborar abiertamente con las agencias de Washington para mitigar el impacto político.
- Bloque ideológico: Sostiene que los juicios emprendidos por el gobierno de Trump contra mandatarios en funciones violan las soberanías y sientan precedentes legales peligrosos.
Mandatarios bajo la lupa del Departamento de Justicia
Los testimonios aportados por los informantes de Morena se suman a las declaraciones previas proporcionadas por operadores de alto nivel del crimen organizado, incluyendo a jefes de seguridad, asesores e incluso pilotos vinculados a las facciones del Cártel de Sinaloa. Esta acumulación de evidencia ha acelerado los expedientes de otros gobernadores estatales.
| Funcionario Señalado | Cargo / Entidad | Estatus de la Investigación / Acciones de EE.UU. |
| Rubén Rocha Moya | Gobernador con licencia de Sinaloa | Acusado formalmente de colaboración con el crimen organizado. |
| Enrique Inzunza Cázarez | Exsecretario de Seguridad de Sinaloa | Implicado en las redes de protección al Cártel de Sinaloa. |
| Alfonso Durazo | Gobernador de Sonora | Bajo investigación federal; visas revocadas con permisos especiales. |
| Américo Villarreal Anaya | Gobernador de Tamaulipas | Investigado por corrupción; restricción migratoria activa. |
| Marina del Pilar Ávila | Gobernadora de Baja California | Audio filtrado confirma intentos de reunión con autoridades de EE.UU. |
La administración estadounidense, a través de ex directivos como Derek Maltz, ha manifestado una alta certeza en que estas investigaciones bilaterales derivarán en un corto plazo en imputaciones directas contra las figuras más prominentes del oficialismo mexicano, desafiando las alianzas políticas construidas desde el sexenio anterior.