El titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que un médico neurocirujano que operaba en un consultorio del Hospital San José fue vinculado a proceso por una tercera carpeta de investigación. Los cargos que se le imputan en este nuevo expediente corresponden a los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual en agravio de una paciente.
A diferencia de los dos primeros procesos penales, donde el Poder Judicial le había permitido continuar en libertad bajo medidas cautelares, en esta ocasión el juez de control dictó la medida de prisión preventiva justificada. La Fiscalía fundamentó la necesidad de la reclusión debido al riesgo latente que el imputado representa para la comunidad, al aprovecharse de su condición profesional para vulnerar a personas que acudían por atención médica.
Evolución de las carpetas de investigación
La situación legal del especialista médico se ha complejizado con la adición de nuevas denuncias y recursos legales promovidos por el ministerio público:
- Primeros procesos: El imputado enfrentaba inicialmente dos investigaciones por los mismos delitos, en las cuales portaba un brazalete electrónico, tenía restricciones de movilidad y la suspensión provisional de su ejercicio profesional.
- Tercera denuncia: La Fiscalía estatal integró un nuevo expediente tras recibir una declaración adicional de otra presunta víctima, procediendo a ejecutar una orden de aprehensión y un cateo para asegurar su detención.
- Apelaciones en curso: La institución autónoma mantiene recursos legales pendientes de resolver para revertir las medidas cautelares de libertad condicional otorgadas en las primeras dos carpetas.
Suspensión profesional y detección de más víctimas
Para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, se notificó la inhabilitación del imputado en la plataforma oficial de consulta de cédulas profesionales, lo que impide legalmente cualquier práctica como neurocirujano mientras se resuelven las controversias penales.
Por su parte, el fiscal general del estado aseguró que se tiene constancia de la existencia de más víctimas afectadas por el comportamiento del procesado. Sin embargo, los datos numéricos y detalles específicos se mantendrán bajo reserva para preservar el debido proceso y proteger la identidad de las denunciantes, con el objetivo final de obtener sentencias condenatorias en cada uno de los casos correspondientes.