La controversia se centra en las declaraciones emitidas por el exdiplomático el 9 de agosto de 2024, cuando afirmó públicamente que ninguna agencia, personal, piloto o aeronave del gobierno de Estados Unidos había participado en el operativo, atribuyendo el traslado de Zambada exclusivamente a disputas internas y pactos entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, los avances en las carpetas de investigación de la fiscalía mexicana sugieren un panorama distinto, apuntando a que elementos del FBI planificaron y ejecutaron la operación de traslado desde territorio mexicano.
«Su afirmación en el sentido de que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses en el operativo resulta falsa de toda falsedad. De tal manera que estamos en presencia de un caso de violación grave a los deberes de un diplomático en nuestro país», aseveró Raúl Armando Jiménez, fiscal de Control Competencial.
Violación a los principios del derecho internacional
De acuerdo con el análisis jurídico de la FGR, el comportamiento de Ken Salazar implicó faltar al principio de buena fe, un pilar de observancia obligatoria consagrado en diversos tratados internacionales que rigen los nexos consulares y diplomáticos. La fiscalía precisó las normativas específicas que resultaron afectadas por las declaraciones falsas:
- Carta de las Naciones Unidas: Violación directa al Artículo 2, referente al respeto a la soberanía de los Estados miembros.
- Convención de Viena de 1961: Incumplimiento del Artículo 26 y las prohibiciones expresas sobre el comportamiento y los límites de las misiones diplomáticas en suelo extranjero.
Pese al señalamiento institucional por faltar a la verdad, el fiscal Jiménez descartó de manera oficial el ejercicio de acciones penales en contra de Salazar, precisando que las consecuencias legales de sus actos se encuadrarán exclusivamente dentro del marco del derecho que regula la función de los representantes diplomáticos.
Relación con la liberación de Ovidio Guzmán y nuevas indagatorias
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, detalló que las líneas de investigación vinculan directamente el secuestro y traslado forzado de Ismael Zambada con modificaciones procesales previas en Estados Unidos, específicamente el cambio en la medida cautelar de prisión de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Ante la falta de entrega de información suficiente y clara por parte de las agencias de Washington, la FGR ha iniciado siete carpetas de investigación derivadas y activó los mecanismos formales de asistencia jurídica internacional contemplados en los tratados bilaterales vigentes para obligar al gobierno estadounidense a transparentar las bitácoras de vuelo de la aeronave y la identidad de los pilotos involucrados.