La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) fijó una postura firme en contra de la posibilidad de gravar con el Impuesto sobre la Renta (ISR) los recursos de las cuentas individuales de Afore de los trabajadores fallecidos cuando son entregados a sus beneficiarios.
A través de su comunicado 18/2026, la organización emitió este pronunciamiento en el marco de la discusión de la Contradicción de Criterios 49/2026 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual analiza si estos fondos deben ser considerados como ingresos gravables.
Defensa del patrimonio familiar y la previsión social
El argumento central de la JUFED señala que los recursos acumulados en la subcuenta de retiro representan el patrimonio de vida que un trabajador formó con su esfuerzo diario. Por lo tanto, su finalidad esencial es brindar estabilidad y protección económica a los deudos tras la pérdida del titular.
La asociación criticó los planteamientos que justifican el cobro del impuesto bajo la idea de que el beneficiario «no generó esos recursos con su propio esfuerzo». Según el organismo, aplicar criterios fiscales a estos fondos desvirtúa por completo la naturaleza de la previsión social y atenta directamente contra el sustento de las familias en momentos de vulnerabilidad.
El Poder Judicial no es una oficina de recaudación
La JUFED rechazó de manera tajante que los tribunales federales o la propia SCJN sean utilizados bajo «dogmas ideológicos» o con una lógica meramente recaudatoria. La organización recordó que el diseño impositivo y las estrategias de redistribución de la riqueza son facultades exclusivas del Poder Legislativo.
- La función de los jueces es garantizar la justicia y la seguridad jurídica, no actuar como diseñadores fiscales.
- Los tribunales no deben convertirse en agentes de agendas políticas particulares, aun cuando estas se cobijen bajo discursos populares.
- Atribuir a la judicatura la obligación de captar los ahorros familiares bajo el argumento de combatir la desigualdad desnaturaliza la justicia constitucional.
Finalmente, la directiva nacional de la asociación judicial defendió la autonomía de los juzgadores como la única vía para asegurar que el patrimonio de los ciudadanos no se vea mermado por interpretaciones que confunden la equidad con la carga tributaria.