Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fijaron su postura respecto a la reciente filtración del segundo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Ambos funcionarios coincidieron en que, tras un primer análisis de la grabación, no se infiere que se haya compartido o vaya a compartirse información confidencial que ponga en riesgo la seguridad del estado o del país.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que en las mesas de seguridad estatales participan autoridades de los tres niveles de gobierno para dar seguimiento a la incidencia delictiva diaria. Precisó que, hasta el momento, en esos espacios no se maneja información con un nivel de sensibilidad que represente una preocupación real si llegara a difundirse. Asimismo, aclaró que aún no se sabe con certeza la identidad de la persona o la autoridad con la que conversaba la mandataria local, y recordó que Ávila Olmeda ya ofreció una explicación pública detallada sobre los hechos.
Cuestionamientos sobre la identidad del interlocutor y la filtración
Al ser cuestionada sobre la reserva con la que se deben tratar estos asuntos, la presidenta Sheinbaum minimizó el impacto inmediato señalando que la grabación ya fue escuchada de manera masiva debido a su difusión en medios. Subrayó que se trata de un diálogo con una persona cuya identidad no está confirmada y que no existe certeza de que pertenezca a agencias de seguridad estadounidenses.
La mandataria federal aprovechó el espacio para contrastar esta situación con otros casos previos, como el de Chihuahua, donde quedó demostrado que personal de agencias extranjeras operaba directamente en territorio nacional, violando la Ley de Seguridad Nacional. En el caso de Baja California, Sheinbaum cuestionó el origen del material y sugirió que valdría la pena investigar quién está interesado en filtrar este tipo de llamadas telefónicas.
Contexto de la disputa política y estatus legal
La controversia escaló luego de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera una segunda grabación donde la gobernadora presuntamente externa su disposición a colaborar con un asesor externo del FBI ante el temor de una extradición o sanciones financieras. Esta revelación provocó que el Partido Acción Nacional (PAN) exigiera formalmente que la funcionaria estatal solicite licencia a su cargo para enfrentar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, ni el FBI ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han emitido un pronunciamiento oficial sobre el audio. Del lado mexicano, se informó que el tema podría ser revisado por la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, ninguna de las instancias judiciales de ambos países ha confirmado la apertura formal de una carpeta de investigación en torno a los lazos de comunicación de la gobernadora.