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Revelan nuevos audios de Marina del Pilar acordando citas con el FBI en Panamá y Tijuana

El periodista Héctor de Mauleón difundió grabaciones donde se escucha a la gobernadora de Baja California coordinar encuentros en territorio neutral y en la frontera con supuestos agentes estadounidenses para tratar el asunto de su visado.

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El periodista Héctor de Mauleón reveló este miércoles en su columna de El Universal dos nuevas grabaciones telefónicas que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. En los audios, la mandataria estatal aparece coordinando con presuntos intermediarios estadounidenses las sedes y condiciones logísticas para sostener mesas de trabajo con agencias de seguridad de ese país, con el propósito de resolver la revocación de su visa.

Esta nueva filtración se registra apenas un día después de que la propia funcionaria estatal advirtiera en conferencia de prensa sobre la existencia y probable publicación de más fragmentos de audio, los cuales ha calificado de forma reiterada como «manipulados» y parte de una «venganza política».

Logística en Panamá como territorio neutral

En el primer material de audio difundido, se escucha a uno de los supuestos intermediarios notificar a la gobernadora que se autorizó una reunión inicial para finales de agosto en Panamá. Según el interlocutor, esta sede fue seleccionada en conjunto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos bajo la categoría de «territorio neutral» para evitar suspicacias operativas al realizar la junta en territorio mexicano o estadounidense.

Durante la llamada, Marina del Pilar Ávila manifestó inquietud ante el marco legal extranjero:

  • Asistencia legal: La gobernadora consultó formalmente si sus representantes legales de carácter privado podían acompañarla a la cita.
  • Postura de la mandataria: «Son reglas, leyes que no conozco… sí me inquieta un poco», externó en el audio, al tiempo que se puso a disposición de los interlocutores para dar seguimiento al caso de la mano de su equipo de abogados.

Coordinación directa con el FBI en Tijuana

La segunda grabación, que contiene diálogos bilingües en español e inglés, detalla que las propuestas originales de reunirse en Panamá o en la Ciudad de México correspondían al interés de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y del FBI por mantener el encuentro bajo un esquema de estricta reserva institucional para evitar filtraciones a la prensa.

Posteriormente, un segundo intermediario del equipo de contacto con el Buró Federal de Investigaciones le planteó a la gobernadora elegir entre Miami o Tijuana por cuestiones estrictamente logísticas. Ante esto, la mandataria de Baja California respondió de manera directa: «En Tijuana», lo que derivó en la confirmación de su interlocutor de que los agentes estadounidenses estarían dispuestos a trasladarse a la ciudad fronteriza.

En la misma conversación, se acordó que el procedimiento formal se canalizaría a través de la defensa jurídica de la gobernadora, permitiendo que sus abogados entablaran el contacto inicial con el personal del FBI antes de concretar las mesas de trabajo físicas.

Reacciones y contexto político

La publicación de estos nuevos fragmentos de audio ocurre en medio de la pugna política de la gobernadora con su antecesor, Jaime Bonilla, a quien acusó formalmente de haberle «tendido una trampa» al facilitarle el contacto de WhatsApp con estas personas de manera malintencionada bajo la promesa de ayudarla con su situación migratoria.

A pesar de las nuevas revelaciones presentadas por el columnista, hasta el momento ninguna de las agencias del gobierno de los Estados Unidos implicadas —el DHS, el Departamento de Estado o el FBI— ha confirmado oficialmente la autenticidad de los encuentros. Asimismo, el Gobierno Federal de México se mantiene bajo la postura expresada previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes indicaron que el contenido conocido no aporta elementos probatorios sobre espionaje, entrega de información clasificada o daños a la seguridad del Estado mexicano.

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