La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó que el precio promedio de la gasolina se mantendrá en un tope de 24 pesos por litro, mientras que el diésel no superará los 27 pesos. Esta medida busca blindar el mercado interno ante la volatilidad en los precios internacionales del petróleo derivada de la escalada del conflicto bélico en Irán.
La mandataria federal explicó que el gobierno continuará aplicando reducciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de los combustibles para absorber los incrementos internacionales y evitar un impacto directo en el bolsillo de los consumidores.
Balance fiscal y recaudación de Pemex
De acuerdo con la titular del Ejecutivo Federal, el subsidio gubernamental para contener el aumento de los precios se compensa financieramente a través de los ingresos tributarios que genera la propia actividad petrolera del país:
- Derecho de bienestar: Al cotizarse el petróleo a un precio internacional más elevado, Petróleos Mexicanos (Pemex) aporta mayores recursos a la Federación mediante el pago de impuestos, destacando el gravamen del 30 por ciento de la producción petrolera.
- Balance en Tesorería: Sumando los recursos obtenidos por este derecho y los ingresos de la exportación de crudo remanente, el saldo neto registrado en la Tesorería de la Federación ronda actualmente los 20 mil millones de pesos, lo que permite sostener la política de subsidios.
- Control inflacionario: Sheinbaum enfatizó que el principal objetivo de este mecanismo de compensación es mantener la inflación bajo control y evitar el encarecimiento de la canasta básica y los servicios de transporte, protegiendo principalmente a las familias de menores ingresos.
Vigilancia y sanciones a gasolineras
Como parte de la estrategia para asegurar que los beneficios del subsidio fiscal lleguen directamente al consumidor final, la presidenta informó que se mantendrán los esquemas de monitoreo en estaciones de servicio de todo el país.
A través de las dependencias correspondientes, el gobierno federal continuará exhibiendo públicamente a los establecimientos que no respeten los precios de referencia establecidos o que incurran en prácticas comerciales abusivas, aplicando sanciones administrativas y clausuras a las gasolineras que cometan irregularidades operativas o de calibración.