El arresto del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, desató un fuerte enfrentamiento político luego de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa calificara la acción penal como un acto de represión por parte del gobierno federal. Ante esto, la dirigencia de Morena reaccionó reviviendo pasadas declaraciones del exmandatario contra el propio político panista.
La confrontación pública se da en medio de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por un esquema masivo de evasión fiscal e importación ilegal de hidrocarburos.
Enfrentamiento en redes sociales y antecedentes
Tras la captura de Ruffo Appel, las reacciones de las cúpulas políticas dividieron opiniones respecto al trasfondo del proceso judicial:
- Acusación de Calderón: El expresidente sostuvo que el actual gobierno utiliza al poder judicial para encarcelar a la oposición, tildando la medida como un uso político de la justicia.
- Respuesta de Morena: Ariadna Montiel Reyes, presidenta del partido guinda, recriminó los dichos del expresidente recordando que en 2017 él mismo acusó a Ruffo de entregar la entidad al crimen organizado, señalando que la oposición intenta convertir al exgobernador en un «preso político» para desviar la atención del delito de fondo.
- Postura del PAN: Jorge Romero Herrera, dirigente nacional de Acción Nacional, calificó el procedimiento de «cacería de brujas» y demandó que las autoridades apliquen el mismo criterio de investigación a funcionarios del oficialismo.
La investigación por huachicol fiscal
El expediente iniciado por las autoridades federales indaga una presunta red de contrabando de combustible que habría generado un quebranto financiero al erario:
- Mecanismo ilícito: La FGR y el SAT detectaron que la empresa Ingemar, donde Ruffo ingresó como accionista en 2021, presuntamente alteraba la documentación de ferrotanques para simular el ingreso de unidades vacías o de otros productos no gravados, ingresando gasolina de manera ilegal.
- Aseguramiento de insumos: Las indagatorias parten del decomiso realizado en 2025 en Coahuila, donde se aseguraron 129 ferrotanques con más de 15 millones de litros de combustible no acreditado.
- Monto del fraude: Las estimaciones gubernamentales proyectan un daño patrimonial superior a los 4 mil millones de pesos por concepto de impuestos aduanales evadidos.
- Situación jurídica: Un juez de control dictó prisión preventiva en contra del exgobernador mientras transcurre el proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.