La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz presentó ante el Congreso local una solicitud de juicio de procedencia para retirar la inmunidad constitucional al presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de extracción emecista. Se le señala como presunto autor intelectual de la privación ilegal de la libertad y posterior asesinato de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, acontecido tras su desaparición el pasado 2 de junio.
Asimismo, el organismo ministerial solicitó el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, aunque la fiscalía no ha precisado los delitos específicos imputados en dicho expediente.
Avances de la investigación y exigencia de los familiares
La carpeta de investigación ministerial contempla hasta el momento a ocho personas vinculadas con el crimen de la periodista:
- Implicados identificados: Las indagatorias señalan a cuatro supuestos integrantes de un grupo delictivo y a cuatro elementos activos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste.
- Señalamientos a mandos policiales: La madre de la víctima, Rubicelia Ramírez Posada, solicitó formalmente ampliar las investigaciones hacia la coordinadora de la policía municipal de Nanchital y un elemento de dicha corporación actualmente prófugo.
- Postura de los familiares: La familia de la comunicadora reconoció el avance de las autoridades, pero exigió que el proceso se desahogue con pruebas sólidas para evitar el uso de chivos expiatorios y garantizar el castigo a todos los responsables.
Postura política y procedimiento parlamentario
Tras la entrega del requerimiento ante la Cámara de Diputados estatal por parte de la Sub Unidad Integral de Impartición de Justicia de Nanchital, el proceso legislativo se encuentra en desarrollo:
- Defensa de Movimiento Ciudadano: La bancada de MC en el Congreso local, a través de la legisladora Elena Córdova Molina, demandó respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Aunque afirmó que no protegerán la impunidad, advirtió contra el uso político de la fiscalía estatal para perseguir a la oposición.
- Plazos legales: Tras recibir la notificación formal, los alcaldes involucrados disponen de un periodo de siete días hábiles para presentar sus alegatos por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora.
- Dictamen del Pleno: Una vez desahogada la audiencia de pruebas, la comisión dictaminará si existen elementos suficientes para someter la pérdida del fuero a votación del Pleno legislativo.