Tras una audiencia de 36 horas realizada a puerta cerrada y vía videoconferencia, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega determinó vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto con otras siete personas. La resolución ratifica la medida cautelar de prisión preventiva al considerar válidos los elementos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
El fallo mantendrá a Ruffo Appel, así como a otros cuatro imputados, recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Medidas cautelares e imputados en el caso
El proceso penal asignó distintas modalidades de reclusión para los ocho señalados por la FGR:
- Prisión preventiva en el Altiplano: Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro (exvocal de Ingemar y dueño de Servicios Portuarios), José Merino Valdés Cuervo (socio mayoritario de Ingemar), Juan Hermilo Chávez Rodríguez (agente aduanal) y Luis Antonio Barrientos Juárez.
- Prisión domiciliaria: José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales (accionistas de Logística Ferroviaria Fargo).
- Reclusión local: Adriana Magali Bárcenas Guillén (representante de Logística Ferroviaria Fargo), remitida al Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.
Inconsistencias financieras e investigación de la FGR
De acuerdo con la imputación presentada por el organismo federal, las capturas responden a una estrategia de inteligencia y análisis financiero de varios meses enfocada en detectar esquemas irregulares de importación y distribución de derivados del petróleo:
- Flujos irregulares: La FGR expuso que la empresa Ingemar registró comportamientos fiscales atípicos, destacando movimientos por más de 3 mil millones de pesos en una cuenta bancaria entre junio de 2024 y julio de 2025.
- Operativo coordinado: Las detenciones fueron ejecutadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como parte de las indagatorias sobre el contrabando de combustibles en la frontera norte del país.