El Gobierno de México abrió un periodo de consulta pública para definir los lineamientos de la Ley de Telecomunicaciones, una medida que obligará a las estaciones de radio y canales de televisión abierta a restructurar parte de sus procesos editoriales. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló los alcances de esta propuesta regulatoria que busca garantizar el derecho de réplica y proteger a los consumidores de información.
Dentro de los puntos clave fijados en el proyecto, las empresas de comunicación deberán nombrar formalmente a un «defensor de las audiencias». Esta figura, designada por cada propia empresa periodística, se encargará de atender los señalamientos y quejas del público cuando se considere que una nota incurrió en imprecisiones o datos falsos. Asimismo, los medios estarán obligados a confeccionar y transparentar un código de ética que contenga sus lineamientos editoriales, valores y procedimientos internos de rectificación.
Reglas para la difusión de noticias y opiniones
La propuesta elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones establece pautas claras para el tratamiento cotidiano de las noticias. Entre ellas destaca la exigencia de marcar con claridad la frontera entre la información puramente noticiosa y los espacios de opinión o análisis periodístico.
De igual forma, la normativa prohíbe la difusión de datos descontextualizados y proscribe la presentación de hechos históricos como si fueran acontecimientos actuales. Las emisoras también deberán identificar explícitamente cuándo un segmento corresponde a pauta publicitaria comercial y garantizar herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad.
Alcance exclusivo para radio y televisión
Un aspecto fundamental del proyecto es que su ámbito de aplicación se limita estrictamente a la radiodifusión tradicional en señal abierta. Los portales de noticias en internet, periódicos impresos y creadores de contenido en plataformas de redes sociales quedan completamente al margen de estas obligaciones legales.
La consulta pública del documento comenzó de manera oficial este lunes y permanecerá habilitada hasta el próximo 21 de agosto de 2026, periodo en el que se recibirán observaciones antes de proceder a su implementación formal.