El representante republicano por Florida, Carlos A. Giménez, emitió señalamientos en redes sociales asegurando que el partido Morena opera como un “narcopartido”. El legislador estadounidense acompañó sus declaraciones con un resumen gráfico sobre la acusación formal presentada el pasado 29 de abril de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El mensaje del congresista constituye una postura política personal y no una determinación judicial ni la posición oficial del gobierno de Estados Unidos. En su publicación, Giménez acusó además a la presidenta Claudia Sheinbaum de intentar censurar las críticas en México, aseveraciones que el medio que reportó la nota catalogó como opiniones sin sustento documental.
Los cargos de la Fiscalía estadounidense contra Rocha Moya
La imputación penal incoada en Nueva York señala al exmandatario sinaloense y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales —entre ellos un senador y el alcalde de Culiacán— por presuntas alianzas con la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa.
- Delitos imputados: Conspiración para el tráfico de narcóticos (fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas), asociación delictuosa, cohecho, protección institucional al crimen organizado, delitos con armas de fuego y obstrucción de la justicia.
- Sanciones potenciales: La fiscalía neoyorquina indicó que, de resultar culpable en juicio, el exgobernador enfrenta una pena mínima de 40 años de cárcel hasta cadena perpetua.
Reacciones e investigaciones en México
Ante los señalamientos del Departamento de Justicia, Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones, calificándolas de infundadas, y posteriormente solicitó separación de su cargo para ponerse a disposición de las autoridades mexicanas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no encubrirá a ningún funcionario que haya incurrido en un delito. Paralelamente, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, sostuvo que no habrá expulsiones automáticas en tanto las autoridades estadounidenses no presenten pruebas concluyentes, dejando en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho.