La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un decreto presidencial para modificar la Ley General de Transparencia y robustecer la rendición de cuentas en todas las dependencias del Gobierno de México. La medida se da como respuesta institucional tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo fundamentó la iniciativa en el Artículo 6° constitucional para garantizar el principio de máxima publicidad en el manejo del presupuesto y las funciones públicas.
Ejes prioritarios y actualización mensual de información
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que las nuevas directrices buscan reestructurar la Plataforma Nacional de Transparencia para facilitar la descarga y consulta de datos abiertos por parte de la ciudadanía. Entre los cambios operativos destaca que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán abandonar las publicaciones trimestrales para realizar actualizaciones mensuales de sus contratos, convenios modificatorios y procesos de licitación pública.
La estrategia contempla además que los órganos fiscalizadores internos difundan su programa anual de auditorías y el seguimiento a las observaciones detectadas. Asimismo, las empresas productivas del Estado, específicamente Pemex y la CFE, transparentarán la información financiera de sus filiales, incluyendo informes presentados ante agencias extranjeras, estados financieros, políticas operativas y esquemas de gobierno corporativo.
Alcance institucional y plazos de ejecución
El mandato gubernamental establece un margen de 30 días hábiles para que las entidades federales incorporen los nuevos conjuntos de datos en la plataforma digital. Aunque las reglas aplican de origen al Ejecutivo Federal, la Presidencia extendió una invitación a los poderes Legislativo y Judicial, así como a gobiernos estatales, municipios y organismos autónomos para homologar sus criterios de publicidad informativa.
Las autoridades precisaron que toda la información en posesión de entes públicos, partidos políticos o sindicatos que manejen recursos del Estado mantendrá el carácter de pública, pudiendo reservarse únicamente por razones justificadas de seguridad nacional o interés público conforme a lo establecido en el marco legal vigente.