La consulta pública organizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias mantiene un 71% de posturas en contra, de acuerdo con un análisis inicial sobre los primeros participantes. El proceso, que permanecerá abierto hasta el 21 de agosto, busca regular la operación de concesionarios de radio y televisión abierta y de paga en materia de ética y veracidad informativa.
Puntos centrales del proyecto y postura del Ejecutivo
La propuesta presentada por la Presidencia de la República plantea obligaciones operativas y editorialespara las empresas de radiodifusión:
- Mecanismos obligatorios: Publicación de un código de ética, nombramiento de un defensor de las audiencias y distinción explícita entre noticias y opiniones.
- Esquema de sanciones: Multas que podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos anuales de los concesionarios por incumplimiento.
- Declaración oficial: La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el documento prohíbe la censura previa y que los procedimientos no buscan controlar líneas editoriales, sino garantizar los derechos del público.
Cuestionamientos de la industria y organismos especializados
Diversos sectores han manifestado su preocupación ante la posible interferencia del Estado en la libertad de prensa:
- Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT): Señaló que, aunque no percibe la intención de censurar, las sanciones monetarias por faltas informativas resultan ambiguas y desproporcionadas respecto al marco legal vigente.
- Especialistas y juzgadores: La Asociación Nacional de Juzgadores de Distrito (JUFED) y diversos analistas advirtieron sobre el efecto inhibidor que provocaría que un órgano dependiente del Ejecutivo determine la veracidad de la información.