El Departamento de Estado de Estados Unidos activó una bolsa de recompensas por 102 millones de dólares para capturar a ocho líderes clave del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La ofensiva federal es encabezada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) tras confirmarse la muerte del fundador de la organización criminal, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El fiscal general interino, Todd Blanche, confirmó que el gobierno estadounidense aplicará las herramientas de los programas NRP y TOCRP para desarticular la cúpula operativa del grupo catalogado como Organización Terrorista Extranjera.
Los principales objetivos y las recompensas del Departamento de Estado
La lista de los criminales más buscados la encabeza Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03”, hijastro de “El Mencho” y señalado por las autoridades como el nuevo comandante del grupo. Por información sobre Valencia González, fundador del Grupo Élite y el Grupo Delta, la recompensa subió a 25 millones de dólares. Le sigue Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, con una oferta de 15 millones de dólares por supervisar laboratorios de metanfetamina y rutas de transporte. En ese mismo nivel de recompensa figuran Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, e Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, acusado de orquestar el atentado contra Omar García Harfuch en 2020.
Operadores armados y sanciones internacionales
El paquete de acusaciones presentado en el Departamento de Justicia en Washington incluye cargos contra Ricardo Ruiz Velasco, alias “La Tripa”, por tráfico de fentanilo y heroína con una recompensa de 10 millones de dólares. En esa misma categoría se encuentran Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, mandos del brazo armado del cártel. La lista concluye con Griselda Margarita Arredondo Pinzón, vinculada a investigaciones del FBI con un monto de 2 millones de dólares. De forma paralela, el gobierno de Donald Trump revocó 26 visas y aplicó restricciones de viaje a 65 colaboradores y familiares vinculados a la red de narcotráfico transnacional.