El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 «El Altiplano», en Almoloya de Juárez, tras ser detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La Fiscalía General del Estado (FGR) ejecutó la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas relacionados con el caso Ayotzinapa. El arresto se llevó a cabo en la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Tepotzotlán, previo a su traslado custodiado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Acusaciones por la manipulación de evidencia en Iguala
Las investigaciones ministeriales vinculan al exmandatario con la desaparición de los videos de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, grabados la noche del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con testimonios integrados en el expediente federal, las cintas que documentaban el ataque y la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» fueron extraídas del inmueble y entregadas por órdenes directas del exgobernador. Esta línea de investigación ya había derivado en la captura previa de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
La reestructuración del caso como crimen de Estado
El encarcelamiento de Aguirre Rivero se suma a las acciones penales contra exservidores públicos tras el colapso de la versión denominada «verdad histórica», desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Tras la resolución de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) que clasificó los hechos como un crimen de Estado, las autoridades buscan deslindar responsabilidades por la colusión entre el grupo criminal Guerreros Unidos, policías de distintas municipalidades, corporaciones estatales y elementos de las fuerzas armadas.