El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, presentó una denuncia formal ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos en contra de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). La medida responde a una resolución del árbitro electoral que impuso medidas cautelares para impedir que el dirigente y el partido utilicen calificativos como «narcopartido», «narcogobierno» o «Cártel de Morena» en sus canales oficiales y plataformas digitales.
Fundamento de la denuncia y consejeros señalados
El recurso promovido por Moreno solicita a las autoridades estadounidenses evaluar sanciones bajo la Ley Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), mecanismo que permite imponer cancelaciones de visado y congelamiento de activos a funcionarios extranjeros acusados de violar derechos humanos o coartar la libertad de expresión. La acción legal se dirige puntualmente contra los siguientes consejeros electorales:
- Arturo Castillo Loza
- Rita Bell López Vences
- Frida Denisse Gómez Puga
Acciones en el Tribunal Electoral y foros multilaterales
A la par del recurso presentado en Washington, la dirigencia del PRI promovió un juicio de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revertir la orden del INE. Asimismo, el senador anunció la presentación de denuncias complementarias ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), acusando un sesgo institucional a favor del partido en el gobierno.