Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal del Altiplano en el Estado de México, vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel N, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas en relación con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014. El impartidor de justicia ratificó la prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de 120 días para la investigación complementaria.
Acusación de la FGR y pruebas del expediente
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene la hipótesis de que el exmandatario estatal, en su calidad de servidor público, actuó para ocultar y destruir evidencias clave sobre los hechos ocurridos en Iguala:
- Grabaciones del Palacio de Justicia: La FGR señala que una visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero entregó a Aguirre un sobre con un disco que contenía imágenes de cámaras de seguridad donde se apreciaba el paso de un autobús con estudiantes, personas armadas y policías.
- Orden de destrucción de pruebas: Según testimonios de la investigación, el exgobernador presuntamente entregó dicho material al entonces procurador estatal, Iñaky Blanco, con la instrucción explicita de deshacerse de él.
- Redes de contacto: El expediente vincula además a su sobrino y exasesor, Ernesto Aguirre, con presuntos nexos con integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Argumentos de la defensa
La defensa de Ángel Aguirre presentó más de 30 elementos de prueba para desestimar los imputaciones. Entre los argumentos centrales, los abogados expusieron que el exgobernador no pudo haber recibido el material videográfico el 29 de septiembre de 2014, al argumentar que se encontraba en la Ciudad de México en una reunión de trabajo con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, el juez determinó que los datos de prueba presentados no resultaron suficientes para desacreditar la imputación de la fiscalía.