María de Los Ángeles Arreola Martínez, originaria de la colonia Centro en Huimilpan, denunció públicamente el fraude cometido por la entidad Caja Independencia, donde perdió ahorros por una cantidad de 440 mil pesos. La afectada explicó que la institución operó con normalidad durante aproximadamente dos décadas en la región; sin embargo, a finales de 2019 los socios comenzaron a enfrentar trabas para realizar retiros, hasta que la directiva, a cargo del gerente de apellido Pacheco, argumentó supuestos desvíos de administraciones anteriores y falta de liquidez temporal.
A seis años de que iniciaran los problemas financieros, los ahorradores se percataron de que la situación corresponde a un fraude genérico que impacta a numerosas familias de Huimilpan y comunidades vecinas como Escolásticas, en Pedro Escobedo. Las investigaciones han revelado que las 13 cuentas bancarias vinculadas a la caja de ahorro se encuentran en ceros, derivado de que la mayoría de los depósitos de los socios eran captados en efectivo, lo que ha dificultado el rastreo de los recursos por parte de las autoridades competentes.
Denuncian omisión municipal y retrasos en el proceso judicial
La denunciante señaló que existió una clara omisión por parte de distintas administraciones del gobierno municipal de Huimilpan, las cuales continuaron otorgando licencias de funcionamiento a la institución financiera a pesar de conocer las advertencias sobre las irregularidades. Asimismo, expuso que diversos actores políticos y gubernamentales a nivel local y estatal prometieron asesoría jurídica que no derivó en avances significativos para la recuperación del capital.
Actualmente, las familias afectadas acuden a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para dar seguimiento a la carpeta de investigación; no obstante, manifiestan desesperación ante el constante diferimiento de las audiencias judiciales. Los defraudados hicieron un llamado urgente a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para agilizar el caso, destacando que una gran proporción de los socios afectados son personas adultas mayores que requieren sus recursos para gastos médicos y de subsistencia.