En medio de la polémica por la revocación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán y las publicaciones sobre redes de contrabando de combustible, se revelaron fragmentos de la orden de aprehensión de la causa penal 325/2025 vinculada al caso de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. En el expediente judicial, testigos colaboradores hacen alusión al «hijo del Presidente» en el contexto de las investigaciones por huachicol fiscal.
Declaraciones de los testigos colaboradores y postura de la defensa
Dentro del expediente consultado, declaraciones de los testigos con clave «YR» y «Santo» refieren que las complicaciones de la red derivaban de un supuesto «choque político» entre el secretario de Seguridad y el «hijo del Presidente», asegurando que existían acuerdos para la continuidad de las operaciones. Aunque el texto oficial de la carpeta no menciona explícitamente un nombre propio, el abogado defensor de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, confirmó en entrevistas periodísticas que dichas declaraciones aluden a Andy López Beltrán y señalan presuntas facilidades otorgadas a la red operativa.
Adicionalmente, la defensa indicó que los testimonios provienen de un testigo protegido y de un agente adscrito a la aduana marítima de Guaymas, en los cuales también se menciona al senador Adán Augusto López Hernández.
Respuesta de la FGR y contexto político
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, emitió un comunicado calificando como falsa la existencia de investigaciones formales en contra de López Beltrán. La dependencia precisó que los elementos contenidos en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024 no cuentan con la fuerza legal suficiente para abrir un procedimiento penal en su contra.
El caso ocurre en un entorno donde López Beltrán denunció la cancelación de su visado por parte del gobierno de Estados Unidos, medida atribuida a decisiones políticas, mientras que dirigentes de la oposición han solicitado a la Fiscalía y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la revisión de su patrimonio.