La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, estaría bajo investigación formal por parte de autoridades del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con información periodística difundida por el semanario ZETA, la indagatoria abarca también a su exesposo Carlos Torres Torres y a otros colaboradores cercanos, mientras las agencias estadounidenses determinan el catálogo definitivo de cargos penales que presentarían en su contra.
Filtración de audios y ofertas de cooperación legal
La confirmación del caso se sustenta en la difusión de cuatro grabaciones filtradas a la prensa entre junio y agosto de 2026. En los audios, la mandataria estatal aborda la revocación de su visa de turista —ocurrida el 10 de mayo de 2026— y detalla acciones de asistencia legal frente a agencias de inteligencia y del Departamento de Justicia de Estados Unidos:
- Contratación de defensa especializada: La gobernadora confirmó la contratación de Michael Nadler, exfiscal de Florida especialista en delitos de corrupción y lavado de dinero, así como la asesoría de Juan Sandoval, exintegrante de la CIA.
- Reuniones con agencias: Grabaciones previas registran encuentros de la mandataria con agentes estadounidenses en México y un traslado a San Diego para dialogar sobre su situación jurídica.
- Propuesta de carta proffer: En el audio más reciente, difundido el 11 de agosto, un intermediario y un agente estadounidense sugieren a Ávila Olmeda firmar una carta proffer (declaración voluntaria de cooperación a cambio de inmunidad parcial) para frenar la formulación de cargos formales o sanciones.
Postura de la gobernadora y versión oficial
Ante la divulgación de las grabaciones, el secretario particular de la gubernatura, Jesús Romandía, aseguró que la mandataria no firmó ningún acuerdo ni documento legal con el gobierno estadounidense.
Por su parte, Marina del Pilar Ávila negó tener conocimiento de una investigación penal en su contra, afirmó que los audios fueron sacados de contexto y sostuvo que fue víctima de una «emboscada psicológica», responsabilizando de dicha maniobra al exgobernador Jaime Bonilla Valdez.