El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que el desarme de los cárteles mexicanos y el combate al tráfico ilegal de armas de fuego representan una prioridad central para el gobierno del presidente Donald Trump. A través de su cuenta oficial en X, el diplomático enfatizó que los resultados en la materia son fruto del trabajo bilateral coordinado entre las autoridades estadounidenses y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cifras del operativo de desarme en Estados Unidos
Para respaldar la estrategia de la administración estadounidense, la Embajada de Estados Unidos en México difundió una infografía oficial titulada “Combate al tráfico ilegal de armas: Resultados Estratégicos en los EEUU desde el inicio de la Administración Trump”.En ella se detallan los principales logros operativos registrados desde enero de 2025:
- Detenciones de traficantes:Un total de 10 mil delincuentes capturados por su vinculación directa con redes de tráfico de armas destinadas a cárteles y pandillas.
- Armamento asegurado:Más de 50 mil armas de fuego ilegales decomisadas en suelo estadounidense que tenían como destino final organizaciones criminales en México.
- Municiones y explosivos:Cerca de 2.9 millones de cartuchos interceptados y 31 mil explosivos de alto riesgo asegurados por las autoridades.
Postura de México y el mecanismo bilateral BIG
Las declaraciones del embajador suceden en el marco de los constantes posicionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gabinete de seguridad mexicano.La mandataria ha reiterado que la seguridad es una responsabilidad compartida, destacando que cerca del 75% al 80% de las armas decomisadas en operativos y entregadas en programas como «Sí al Desarme, Sí a la Paz» provienen ilegalmente de territorio estadounidense.
Para canalizar de forma operativa estos esfuerzos, ambos países formalizaron en junio de 2026 la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés).Este mecanismo articula a 15 agencias gubernamentales de Estados Unidos con sus contrapartes mexicanas para coordinar acciones contra el tráfico de armas, el fentanilo, el crimen transnacional, el lavado de dinero y la seguridad en la frontera común.