El Senado de la República inició mesas de diálogo el 18 de agosto para analizar la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio. La propuesta tiene como objetivo central unificar el tipo penal en las 32 entidades federativas para eliminar las discrepancias legales estatales que dificultan el acceso a la justicia y favorecen la impunidad.
Alcance de la iniciativa y medidas clave
Las comisiones unidas de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera recibieron 796 propuestas de especialistas, organizaciones civiles y familiares de víctimas para enriquecer la iniciativa de 62 artículos. Entre los puntos estructurales planteados en el proyecto destacan:
- Sanciones y agravantes: Contempla penas de 50 a 70 años de prisión y la incorporación de 19 agravantes, como agresiones contra mujeres embarazadas, personas con discapacidad o defensoras de derechos humanos.
- Investigación especializada: Establece la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la perspectiva de género y como presunto feminicidio desde el inicio de la indagatoria.
- Registro de orfandad: Contempla la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio para garantizar medidas integrales de reparación y atención a víctimas indirectas.
- Sanciones a la omisión: Define responsabilidades administrativas y penales para las autoridades que incurran en negligencias u omisiones en el seguimiento de denuncias y órdenes de protección.
Retos legislativos e implementación institucional
Durante los debates, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, así como representantes de la FGR y de ONU Mujeres, coincidieron en que el incremento de penas debe acompañarse de mecanismos eficaces de prevención temprana y fortalecimiento presupuestal en las fiscalías locales.
Por su parte, la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, recordó que entre enero de 2015 y julio de 2026 se registraron más de 37 mil muertes violentas de mujeres en el país, resaltando la urgencia de concretar el marco normativo. Las aportaciones recabadas serán integradas en el dictamen que se discutirá durante el próximo periodo ordinario de sesiones para posteriormente ser enviado a la Cámara de Diputados.