El excontralmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, fue trasladado bajo un desplegado operativo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. El ingreso al penal de máxima seguridad ocurrió durante las primeras horas del viernes tras su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una aeronave militar de la Armada, concretando su entrega a las autoridades judiciales que lo requieren por presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La entrega del exfuncionario se concretó mediante una deportación expedita desde Argentina y no por vía de un juicio de extradición formal, luego de que el Estado mexicano desistiera del proceso ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Buenos Aires. Farías Laguna permanecía privado de la libertad en el penal de Ezeiza desde el pasado 23 de abril, fecha en que fue localizado y arrestado por las autoridades locales tras ingresar a territorio sudamericano utilizando documentación falsa e identidades apócrifas bajo la nacionalidad guatemalteca.
De acuerdo con las investigaciones documentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el imputado encabezaba una estructura criminal dedicada al denominado huachicol fiscal con presencia operativa en entidades como Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. El esquema fraudulento se basaba en el desembarco de combustibles en recintos portuarios mediante pedimentos de importación alterados y la complicidad de agentes aduanales que clasificaban los hidrocarburos como aceites o aditivos para evadir las cargas tributarias correspondientes, generando un quebranto multimillonario al erario.
Con la llegada de Farías Laguna al recinto penitenciario —donde ya se encuentra recluido su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna— la cifra de personas vinculadas a proceso por esta red asciende a 16 implicados, de los cuales 12 ostentaban cargos como servidores públicos. La Fiscalía General de la República ha logrado asegurar inmuebles, autotanques, vehículos de carga y buques petroleros involucrados en la logística ilícita, manteniendo abiertas diversas líneas de investigación para dar con apoderados legales y socios comerciales que facilitaron la distribución del combustible en estaciones de servicio.