La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución sin precedentes al reconocer formalmente a las comunidades y pueblos indígenas la figura de terceros interesados en los juicios de controversia constitucional. Con una votación dividida de cinco votos a favor y cuatro en contra, el Pleno del máximo tribunal del país garantizó el derecho de las poblaciones originarias a intervenir legalmente en procedimientos procesales que históricamente permanecían reservados de manera exclusiva para los poderes ejecutivos, legislativos y órganos autónomos.
Caso mazahua de Crescencio Morales sienta precedente legal
El fallo se originó tras la aprobación del proyecto elaborado por el ministro Arístides Guerrero García, el cual resolvió un recurso de reclamación promovido por la comunidad mazahua Crescencio Morales. La determinación jurídica permite que dicho pueblo originario presente alegatos directos y consulte el expediente dentro del juicio interpuesto por el ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, en torno a la autodeterminación, el autogobierno y la asignación directa de recursos presupuestales.
Sustento en el artículo 2 constitucional y alcances jurídicos
La decisión de la mayoría procesal se fundamentó en la interpretación integradora del artículo 2 constitucional, ordenamiento que catalogó a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó que la medida combate la exclusión judicial histórica, mientras que la Corte puntualizó que la resolución no faculta a los pueblos a iniciar una controversia constitucional por cuenta propia, pero sí los habilita para defender activamente sus derechos en expedientes ya vigentes.