Nuevas líneas de investigación conducidas por la Fiscalía General de la República (FGR) abrieron una vía clave en las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tras focalizar la atención en más de 20 bolsas con restos humanos calcinados (conocidos como «petrosas»). Dichos elementos, encontrados en el basurero de Cocula, el río San Joaquín y predios aledaños a la funeraria El Ángel en Iguala, no fueron integrados a profundidad en los análisis periciales iniciales de administraciones pasadas ni por los organismos independientes.
El rol del crematorio clandestino y las omisiones en el proceso
Las pesquisas actuales señalan a la funeraria El Ángel como uno de los puntos centrales del caso, debido a que administraba la concesión del Servicio Médico Forense en la región desde 2011 y contaba con un horno crematorio sin registro oficial. Los reportes refieren que varios de los paquetes con restos permanecieron en dicho recinto sin la debida revisión científica. Ante esto, el actual gobierno federal dispuso que especialistas forenses efectúen pruebas de laboratorio de alta precisión a las muestras para determinar formalmente si existe correspondencia genética con los estudiantes.
Redes políticas y deslinde de responsabilidades
El replanteamiento de las evidencias busca transparentar las posibles omisiones institucionales cometidas durante las primeras fases de la investigación. A la par del análisis de los restos, las autoridades mantienen abiertos los expedientes sobre las omisiones y complicidades de mandos políticos de la época en Guerrero, entre los que destaca la figura del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, para deslindar responsabilidades penales por la ocultación de pruebas sobre lo ocurrido durante la noche de Iguala.