El arranque formal del Proceso Electoral Federal 2026-2027 estuvo marcado por una intensa confrontación en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde consejeros y representantes partidistas pusieron en duda la autonomía institucional y señalaron episodios de opacidad. Durante la primera sesión del periodo en el que se renovará la Cámara de Diputados y miles de cargos locales, las críticas se concentraron en las modificaciones a los protocolos operativos del día de la elección, el recorte de recursos presupuestales y la toma de decisiones unilaterales dentro de la estructura directiva del organismo.
Las posturas opositoras y de consejeros críticos denunciaron que los recientes ajustes debilitan la rendición de cuentas e impactan directamente en la equidad de la contienda. En contraste, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y un sector del Consejo rechazaron las acusaciones, calificándolas como una narrativa orientada a desacreditar al árbitro electoral.
Tensiones por nombramientos directos y cambios operativos
El consejero Arturo Castillo advirtió que el instituto enfrenta una de sus fases más cuestionadas al renunciar a sus facultades plenas de auditoría y vigilancia. Reprochó además a la presidencia del INE la designación de 12 titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin el consenso del colegiado, así como la remoción de más de 800 funcionarios de la estructura. En el mismo sentido, el consejero Martín Faz lamentó la renuncia de la titular de la Secretaría Ejecutiva, destacando que era el único cargo nombrado por consenso colegiado, mecanismo que históricamente brindaba certidumbre.
Por su parte, las representaciones del PRI, PAN y otras fuerzas políticas cuestionaron la eliminación de controles como la compulsa para la elección de funcionarios de casilla y las modificaciones en el tratamiento de irregularidades como las «boletas planchadas». Frente a los reclamos, Guadalupe Taddei desestimó las críticas internas y externas, asegurando que la institución mantiene su compromiso técnico y garantizando que la equidad en el proceso electoral no estará sujeta a presiones partidistas.