Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez determinó modificar la medida cautelar impuesta a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, concediéndole la prisión domiciliaria dentro del proceso penal que enfrenta por presunto contrabando de hidrocarburos o huachicol fiscal. La resolución jurídica consideró la edad del político panista, de 74 años, así como sus condiciones médicas y movilidad limitada tras una intervención quirúrgica de cadera, ordenando un plazo de 48 horas para hacer efectivo su traslado desde el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Esquema de supervisión y medidas cautelares aplicadas
La decisión judicial, sustentada en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el exmandatario continuará el proceso desde su residencia bajo restricciones específicas para garantizar que no evada a la justicia:
- Vigilancia permanente: Guardia Nacional mantendrá custodia en el inmueble las 24 horas del día.
- Control de movilidad: Ruffo Appel entregará pasaporte y visa a las autoridades correspondientes para evitar salidas del país.
- Supervisión remota: Se desestimó el uso de brazalete electrónico ante eventuales emergencias médicas, reemplazándolo por videollamadas diarias de verificación con el centro de justicia.
Alcances de la investigación por contrabando de combustible
La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la titularidad de Ernestina Godoy, vinculó a proceso a Ruffo Appel en julio de 2025 al identificarlo como accionista mayoritario de la empresa Ingemar. Las investigaciones señalan que dicha estructura introducía gasolina y diésel desde Texas ingresando solo el 10% del volumen real a través de aduanas en Tamaulipas, acumulando un quebranto a la hacienda pública estimado en más de 4 mil millones de pesos y la congelación de cuentas ligadas a movimientos por más de 3,075 millones de pesos.