El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante la Legislatura del Estado de Querétaro una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social local, con el objetivo de erradicar la manipulación político-electoral de los programas sociales y tipificar sanciones que podrían alcanzar hasta nueve años de prisión para los funcionarios que condicionen la entrega de apoyos públicos.
Mecanismos de neutralidad y sanciones administrativas
La propuesta, impulsada a nivel nacional por el senador Luis Donaldo Colosio y respaldada en el ámbito local por la diputada Teresa Calzada, busca prohibir estrictamente la inclusión de logotipos, colores, frases o elementos tipográficos que vinculen los apoyos institucionales con partidos políticos o figuras públicas.
El proyecto contempla establecer reglas claras de operación durante las vedas electorales, determinando que los recursos no deben suspenderse sino adelantarse formalmente, evitando la organización de eventos masivos de entrega que busquen incidir en la intención del voto.
Transparencia en padrones y presupuesto público
Por su parte, la coordinadora estatal de MC y diputada federal, Laura Ballesteros, enfatizó que los apoyos sociales se financian con recursos públicos de los contribuyentes, por lo que deben regirse bajo principios de universalidad e imparcialidad.
La iniciativa plantea la obligación de transparentar y publicar los padrones de beneficiarios estatales y municipales, así como los desgloses presupuestales, horarios y criterios de asignación para prevenir el clientelismo electoral, la duplicidad de apoyos y el uso discrecional de las partidas destinadas al desarrollo social en la entidad.