La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una aclaración pública tras la difusión de versiones periodísticas sobre la situación legal de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. La dependencia federal puntualizó que la suspensión definitiva otorgada por una jueza federal no implica la conclusión ni el sobreseimiento del proceso penal seguido en su contra por presuntos delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada.
Alcance legal de la suspensión dictada en Toluca
A través del boletín 770/26, la representación social detalló que la medida concedida por la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Azucena Lazalde Íñiguez, dentro del expediente 1085/2026, únicamente detiene de manera temporal el paso a la etapa de juicio oral. El procedimiento permanecerá en pausa una vez agotada la etapa intermedia hasta que el tribunal correspondiente resuelva de fondo el juicio de amparo promovido por la defensa del imputado.
Acusación por huachicol fiscal y medida cautelar
La FGR ratificó que las investigaciones contra el exmandatario continúan activas, sosteniendo los sealamientos que lo vinculan como socio fundador y directivo de la empresa Ingemar. Las autoridades atribuyen a esta firma un esquema de contrabando de combustible desde Estados Unidos mediante ferrotanques —práctica conocida como huachicol fiscal— con un impacto estimado de 4 mil millones de pesos al erario. Tras haber ingresado al penal del Altiplano en julio de 2026, el exfuncionario de 74 años cumple prisión preventiva domiciliaria en Ensenada debido a su estado de salud.