La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer la puesta en marcha, por primera vez en su historia, de las investigaciones sustentadas en el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, con el objetivo de desarticular la red de presuntas irregularidades y corrupción en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). El mecanismo se fundamenta en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y busca incentivar a involucrados a entregar evidencias a cambio de atenuantes punitivas.
Elementos Probatorios y Esquema Operativo de la Red
A través de sus canales oficiales, el órgano fiscalizador detalló que la colaboración de diversos informantes ha permitido recopilar un expediente técnico integrado por testimonios, documentos contractuales, registros financieros, fotografías, videos, chats de WhatsApp y ubicar domicilios vinculados con las compañías investigadas. Las pesquisas señalan que los beneficiarios finales de un conglomerado de empresas habrían intervenido directamente en la elaboración de las convocatorias y requisitos técnicos de licitación para autoasignarse contratos multimillonarios para la provisión de materiales electorales.
Contexto Institucional y Alcance de las Investigaciones
El despliegue de las indagatorias de la ASF —que corren de forma paralela a los hallazgos reportados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las auditorías sobre proveedores como Cajas Graf— derivó previamente en la renuncia de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. La Auditoría enfatizó que continuará con las diligencias para determinar la totalidad de las responsabilidades administrativas y penales, rastrear la ruta del dinero público desviado y lograr las sanciones correspondientes contra los servidores públicos y empresarios involucrados.