La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, manifestó su respaldo institucional a la decisión del organismo de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción, irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés en la asignación de recursos públicos. La funcionaria subrayó que la actuación del órgano comicial busca garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y el estricto apego a la ley, independientemente de los cargos o periodos de gestión de las personas involucradas.
Expediente del OIC y Red de Empresas Señaladas
La acción ministerial del organismo comicial —formalizada el pasado 6 de noviembre— da continuidad a las investigaciones del Órgano Interno de Control (OIC), encabezado por Víctor Hugo Carvente, quien informó a la Cámara de Diputados sobre la presentación de seis denuncias penales por delitos como uso ilícito de atribuciones, tráfico de influencias, cohecho y ejercicio ilícito del servicio público. Las pesquisas abarcan contratos relacionados con la elección judicial de 2025 y la confección de la credencial para votar, señalando a exfuncionarios como la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, y a un entramado de cinco empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas que recibieron contrataciones por 2 mil 461 millones de pesos entre el INE y diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Operatividad Institucional Rumbos a los Comicios de 2027
Pese al desarrollo de los procesos penales y administrativos contra los involucrados, Humphrey garantizó la capacidad técnica y operativa del instituto para encarar los próximos procesos electorales donde se renovarán más de 20 mil cargos públicos federales y locales. La consejera aseveró que la estructura institucional cuenta con la experiencia acumulada para asegurar la instalación de casillas y el conteo transparente de los sufragios en la jornada comicial del 6 de junio de 2027.