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Gobierno Federal reconoce problemática con ciudadanos colombianos en casos de extorsión y préstamos «gota a gota» en México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que se han detectado actividades ilícitas ligadas a esquemas de usura y cobranza violenta, remitiendo los detalles operativos al Gabinete de Seguridad.

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Durante la conferencia de prensa matutina encabezada en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que el Gobierno de México ha detectado problemáticas específicas relacionadas con ciudadanos de origen colombiano involucrados en delitos de extorsión y esquemas de préstamos ilegales conocidos como «gota a gota». Aunque subrayó que la mayoría de la comunidad colombiana residente en el país es bienvenida, admitió que existen grupos dedicados a actividades ilícitas que ya están siendo atendidos por las instancias federales.

Coordinación institucional y atención al delito

La titular de la Segob destacó que las fuerzas federales han logrado avances significativos y diversas detenciones en el combate general contra la extorsión en el territorio nacional. Asimismo, precisó que será el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el encargado de detallar los modos de operar de estas células delictivas y de dar seguimiento bilateral a los casos en los que participen extranjeros vinculados con redes de cobranza irregular.

El riesgo de los préstamos exprés y la vulnerabilidad financiera

El esquema de créditos «gota a gota» o prestadiarios opera mediante la entrega inmediata de dinero sin avales ni garantías formales, imponiendo plazos cortos de pago con intereses diarios sumamente elevados que oscilan entre el 10 y el 40 por ciento. De acuerdo con análisis en seguridad, este fenómeno aprovecha la baja bancarización y las necesidades urgentes de comerciantes y sectores informales, derivando frecuentemente en delitos graves como usura, amenazas, agresiones físicas, robo y lavado de dinero cuando los deudores no logran cubrir las cuotas establecidas.

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