La defensa legal de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó de manera formal la existencia de una estrategia de “hostigamiento político” en contra de la mandataria. El señalamiento ocurrió este viernes 29 de mayo de 2026, luego de que sus abogados acudieron al complejo judicial de San Mateo Xalpa, en Xochimilco, para atender una audiencia derivada de la denuncia interpuesta por el ahora senador de Morena, Javier Corral Jurado.
Los abogados defensores Roberto Gil Zuarth y Javier Coello Trejo precisaron que la comparecencia obedece a una carpeta de investigación que imputa a la gobernadora los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. La defensa argumentó ante el juez de control que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya había determinado el no ejercicio de la acción penal desde el pasado 27 de febrero, resolución que el equipo legal de Corral busca revertir mediante un recurso de impugnación.
Origen del conflicto: El operativo en el restaurante Gin Gin
La denuncia penal en contra de la mandataria panista se remonta a los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024 en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la Ciudad de México. En dicha fecha, elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron cumplimentar una orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Corral por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y defraudación fiscal cometidos durante su gestión estatal (2016-2021).
La detención fue interrumpida por agentes de la fiscalía capitalina, bajo el argumento de que las autoridades norteñas no habían completado el protocolo de notificación correspondiente. Respecto a la imputación de secuestro que pesa sobre Campos Galván, su defensa técnica expuso los siguientes argumentos jurídicos:
- Ausencia de nexo causal: Los litigantes sostienen que no se puede fincar responsabilidad penal a la gobernadora debido a que ella no emitió ninguna orden operativa, no estuvo presente en el lugar y no existen comunicaciones que la vinculen con el despliegue.
- Cumplimiento de mandato: La movilización de los agentes ministeriales obedecía a la ejecución formal de una orden judicial emitida por un juez del estado de Chihuahua.
- Respeto al fuero: La defensa aclaró que la orden contra Corral está suspendida debido a su actual inmunidad constitucional como senador de la República, un marco legal que la Fiscalía de Chihuahua ha respetado estrictamente.
Acusación de ofensiva judicial simultánea y justicia selectiva
El abogado Roberto Gil Zuarth enfatizó ante los medios de comunicación que la reactivación de esta carpeta de investigación no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una ofensiva coordinada por el bloque oficialista. Criticó la simultaneidad de los frentes legales que enfrenta la gobernadora en la última semana, sumando este caso a la comparecencia ante la FGR por el caso CIA y a la solicitud de juicio político promovida por la bancada de Morena en el Congreso chihuahuense.
Por su parte, el abogado Javier Coello Trejo acusó a las autoridades ministeriales de ejercer una “justicia selectiva”. Coello trazó un paralelismo operativo al señalar que los mismos funcionarios capitalinos que intervinieron para evitar la captura de Javier Corral en 2024 son quienes operan actualmente omitiendo la ejecución de mandatos judiciales internacionales en contra de los funcionarios del estado de Sinaloa investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.