El gobierno de Estados Unidos ha dado el paso más agresivo en su estrategia de seguridad transnacional al ordenar el uso de leyes antiterrorismo para procesar a políticos, jefes policiales y servidores públicos mexicanos que colaboren con los cárteles de la droga, con un foco inmediato en la red de protección de Los Chapitos (Cártel de Sinaloa).
De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, esta directriz —que forma parte de la «Estrategia Antiterrorista 2026» del presidente Donald Trump— busca elevar drásticamente la severidad de los castigos, abriendo la puerta a condenas automáticas de cadena perpetua.
La orden del Departamento de Justicia: «Triplicar» acusaciones
La instrucción formal fue transmitida a los 93 fiscales federales de Estados Unidos por el procurador general adjunto asociado del Departamento de Justicia (DOJ), Aakash Singh.
- La meta: Singh ordenó «triplicar» las investigaciones y el fincamiento de responsabilidades contra funcionarios extranjeros que utilicen el aparato del Estado para beneficiar al crimen organizado.
- El mecanismo legal: La ofensiva se fundamenta en la orden ejecutiva firmada por Trump el año pasado, la cual clasificó a los principales cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas.
- El nuevo cargo: Gracias a este cambio de estatus, los fiscales ya no solo acusarán por conspiración para el narcotráfico o lavado de dinero, sino por el delito federal de «proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas».
El «Efecto Sinaloa» como detonante
Esta nueva política criminal cobró fuerza total tras el expediente abierto en una corte de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros nueve colaboradores de su administración.
Las investigaciones de las agencias estadounidenses sostienen que este grupo político recibió sobornos millonarios y financiamiento electoral por parte de la facción de Los Chapitos. A cambio, los funcionarios habrían entregado protección institucional, facilitado la logística para el tráfico de fentanilo y garantizado impunidad total en la entidad.
Estatus del caso: La presión de esta estrategia judicial ya provocó que esta semana se entregara en Nueva York el exsecretario de Finanzas sinaloense, Enrique Díaz Vega, y que fuera detenido en Arizona el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez.
Tensiones diplomáticas en puerta
Especialistas y analistas en materia de seguridad advierten que la incorporación de herramientas legales reservadas históricamente para el terrorismo internacional (como el combate a Al-Qaeda o ISIS) marcará un punto de inflexión y tensión con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El uso de estas leyes no solo expande de manera inédita el alcance de las agencias de inteligencia de EE. UU. sobre la soberanía mexicana, sino que amenaza con escalar de manera directa hacia figuras de la alta política en México si continúan las detenciones y delaciones de los exfuncionarios sinaloenses en las cortes de Nueva York.