El expresidente cubano Raúl Castro fue acusado formalmente por la justicia de Estados Unidos, según confirmó un alto funcionario de la administración de Donald Trump. La medida representa una escalada drástica en la estrategia de presión de Washington hacia La Habana, orientada a impulsar un cambio de régimen en la isla caribeña.
A través de un comunicado oficial, el presidente Donald Trump justificó las acciones legales argumentando razones de seguridad nacional y el combate a la influencia extranjera en la región de El Caribe.
«Estados Unidos no tolerará que un Estado díscolo albergue operaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras hostiles a tan solo 145 kilómetros de territorio estadounidense», sentenció Donald Trump.
Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró previamente que el gobierno de la isla no representa una amenaza para la seguridad del territorio estadounidense, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores no emitió una postura inmediata respecto al procesamiento penal de su líder histórico.
El incidente de 1996 como base de los cargos
Fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos indicaron que los cargos penales están fundamentados en los hechos ocurridos en 1996, cuando aviones de la fuerza aérea cubana derribaron aeronaves civiles operadas por un grupo de exiliados cubanos radicados en Florida.
La Fiscalía Federal de Miami programó una ceremonia oficial para honrar a las víctimas de dicho incidente, marco en el cual se prevé el anuncio detallado de las acusaciones de carácter penal. Este procesamiento de un exjefe de Estado extranjero emula la estrategia jurídica utilizada previamente por Washington contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.
Bloqueo energético y oferta de ayuda humanitaria
La acusación formal ocurre en medio de una severa crisis económica y energética en Cuba, agudizada por las sanciones estadounidenses que penalizan a los buques y países que suministran combustible a la isla, provocando apagones generalizados y escasez de insumos básicos.
En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dirigió un mensaje en video al pueblo cubano ofreciendo un paquete de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria consistente en alimentos y medicinas, bajo la condición de que sean distribuidos por la Iglesia católica u organizaciones benéficas independientes de la administración central de la isla.
En respuesta, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó la propuesta de Marco Rubio como cínica debido al impacto del cerco financiero estadounidense, aunque evitó rechazar explícitamente la recepción de los recursos económicos ofertados.