El regidor del municipio de Cadereyta de Montes, Luis Carlos de Arellano, denunció la persistencia de cobros excesivos, arbitrariedades y un presunto contubernio entre corporaciones policiales y empresas de grúas particulares. El funcionario advirtió que esta problemática dejó de ser un asunto local para convertirse en una crisis generalizada en diversos municipios de Querétaro, como Amealco, Colón, Tequisquiapan, El Marqués y la capital, afectando de manera directa el patrimonio de los ciudadanos.
Cobros desproporcionados y modus operandi
El integrante del cabildo expuso la disparidad y el abuso en las tarifas aplicadas de manera discrecional cuando interviene la fuerza pública. Como ejemplo, contrastó el caso de un traslado privado de un vehículo desde la capital del estado hasta Cadereyta con un costo de 3 mil pesos, frente a un arrastre de apenas tres kilómetros ordenado por la policía de tránsito local hacia el corralón de Vizarrón, por el cual se pretendía realizar un cobro de 10 mil pesos bajo el argumento de que «las tarifas cambian cuando la autoridad realiza la detención».
De Arellano criticó que en demarcaciones como Cadereyta se detectaran unidades de grúas escoltando o circulando detrás de las patrullas para agilizar los arrastres ante infracciones menores, tales como la falta de licencia de conducir del operador. Detalló que entre la multa de tránsito, el arrastre y los días de estancia en el depósito vehicular, el gasto ciudadano promedio no desciende de los 14 mil pesos, una cifra que en ocasiones supera el valor comercial de motocicletas o automóviles compactos, obligando a los propietarios a perder sus bienes.
Llamado al Congreso local: Unificar cuatro iniciativas de ley
Ante la respuesta de la Legislatura del Estado de Querétaro, donde actualmente se analizan cuatro propuestas distintas para normar el sector, el regidor hizo un llamado a los diputados locales para unificar los criterios en un solo dictamen de carácter urgente. Instó a los legisladores a abrir mesas de diálogo que incluyan las voces de la ciudadanía de los diferentes municipios afectados.
El funcionario calificó como viables las propuestas presentadas por los legisladores locales, destacando la pertinencia de la iniciativa del diputado Erick Silva, orientada a la creación de una aplicación digital que permita a los usuarios elegir libremente el servicio de grúa de su conveniencia —similar al modelo de plataformas de transporte privado—. Asimismo, respaldó la propuesta del diputado Homero Barrera para establecer un tabulador digital estricto que elimine la opacidad en las tarifas de cobro por kilometraje y derecho de piso.
Propuesta de grúas municipales sin eco institucional
Como medida inmediata frente al vacío legal actual, Luis Carlos de Arellano informó que presentó de manera formal y a través de plataformas públicas una propuesta para que el Ayuntamiento de Cadereyta adquiera grúas de propiedad municipal. El proyecto plantea que la demarcación brinde el servicio de arrastre con tarifas mínimas de recuperación y traslade los vehículos averiados o infraccionados a los domicilios de los gobernados o a corralones públicos, agilizando además los trámites de liberación administrativa.
El regidor lamentó la falta de voluntad política y la ausencia de respuesta por parte de la presidencia municipal ante dicho planteamiento, el cual ha sido expuesto tanto al término de sesiones de cabildo como en redes sociales. Concluyó que la falta de supervisión y la omisión de los alcaldes ante las denuncias ciudadanas alimentan la percepción de complicidad institucional en un negocio privado que se ejerce a costa de la vulnerabilidad económica de la población.