El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, llegará este jueves a México en una visita oficial que se desarrolla en un punto crítico de la relación bilateral. El viaje ocurre bajo un clima de intensa presión por parte de Washington para que el Ejecutivo mexicano endurezca sus acciones contra el narcotráfico, marcando además la primera visita de un funcionario norteamericano de alto rango a territorio nacional en lo que va de 2026.
Existe una alta expectativa en los círculos diplomáticos ante un posible encuentro entre Mullin —quien asumió el cargo hace menos de dos meses— y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo. Al respecto, la mandataria federal adelantó que el encuentro servirá para dar seguimiento a las mesas de coordinación binacional, aunque enfatizó de manera tajante que cualquier acuerdo de colaboración operativa deberá respetar de forma estricta la soberanía de México.
Esta visita, sumada al arribo programado para el próximo lunes de la «zarina antidrogas» estadounidense, Sarah Carter (directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas), da continuidad a la agenda pactada tras la llamada telefónica del pasado viernes entre Sheinbaum y el presidente Donald Trump, la cual fue calificada por el gobierno mexicano como un diálogo «cordial y excelente».
El expediente Sinaloa y la entrega de funcionarios
El trasfondo político que rodea la llegada de Markwayne Mullin está fuertemente condicionado por el terremoto político que desató el Departamento de Justicia de Estados Unidos al emitir una acusación formal contra diez altos funcionarios del estado de Sinaloa, destacando al gobernador con licencia, el morenista Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego.
La tensión escaló la semana pasada tras confirmarse que dos de los políticos implicados en el expediente —los ex titulares de las secretarías de Seguridad y de Finanzas del gobierno sinaloense— cruzaron la frontera para entregarse de manera voluntaria a las autoridades de Estados Unidos, lo que desató versiones sobre un posible acuerdo de colaboración y delación programada con las fiscalías norteamericanas.
Hasta el momento, el gobierno federal de México mantiene una postura de rechazo frente a las solicitudes de extradición inmediatas de los perfiles señalados que aún permanecen en el país, argumentando que las agencias estadounidenses no han consignado los expedientes probatorios necesarios que justifiquen legalmente un arresto con fines de extradición urgente.
Controversia por presuntas operaciones de la CIA
La mesa de seguridad bilateral también se ve enrarecida por las recientes acusaciones periodísticas que señalan la presunta ejecución de un «asesinato selectivo» en marzo pasado en contra de un miembro operativo del Cártel de Sinaloa, una maniobra que habría sido facilitada por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en suelo mexicano.
A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum catalogó formalmente dicha información como un relato de «ficción» y de que la propia CIA emitió un desmentido público inusual en sus canales oficiales, el episodio reavivó los reclamos de diversos sectores políticos en México respecto a las políticas de injerencia e intervención operativa de agencias de inteligencia extranjeras en el país.