El senador Javier Corral Jurado informó este martes de manera oficial su decisión de desistirse de la impugnación legal que había promovido en contra del no ejercicio de la acción penal determinado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dicho recurso jurídico estaba vinculado de forma directa con el intento de cumplimentación de una orden de aprehensión en su contra registrado el pasado 14 de agosto de 2024 en la capital del país.
La resolución fue comunicada mediante un pronunciamiento conjunto emitido por el legislador y su cuerpo de asesores jurídicos, el bufete Schütte & Delsol Abogados. Corral Jurado argumentó que su declinación responde a una estrategia para frenar lo que denominó como una «distorsión informativa» y una manipulación de carácter político-mediático operada desde la administración de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
Argumentación del desistimiento y vigencia de indagatorias
El exgobernador chihuahuense (2016-2021) adujo que la titular del Poder Ejecutivo de su estado natal ha instrumentado el caso penal bajo una política de «doble rasero», utilizándolo de forma ambivalente como una narrativa de persecución en foros nacionales y como un certificado de exoneración dentro de la opinión pública local. Refirió que la cancelación de la impugnación busca bloquear los esquemas de victimización partidista de la administración estatal.
A pesar de que el desistimiento otorga firmeza jurídica al dictamen de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el operativo de reclusión fallido, el equipo legal del senador precisó que la cadena impugnativa no se encuentra completamente agotada, derivado de los siguientes expedientes activos:
- Competencia federal: Permanecen vigentes diversas carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR), promovidas de forma independiente por el propio senador y por la autoridad ministerial de la Ciudad de México.
- Servidores públicos bajo escrutinio: Las denuncias federales persiguen la presunta comisión de delitos derivados de una actuación concertada e irregular que involucra a ministerios públicos, jueces locales, órganos de fiscalización superior y mandos del Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
Confrontación política y llamado al debido proceso
El conflicto procesal se enmarca en la prolongada disputa política que Javier Corral sostiene con su sucesora, Maru Campos, desde la transición gubernamental en la entidad norteña. En escenarios recientes, la gobernadora chihuahuense ha endurecido su discurso de confrontación hacia las estructuras del gobierno federal, empleando las coyunturas judiciales para criticar la estabilidad institucional de otras entidades federativas.
El pronunciamiento de la defensa de Corral Jurado concluyó con un exhorto a las instituciones de procuración de justicia para conducir las indagatorias pendientes bajo los principios constitucionales de presunción de inocencia y estricto debido proceso, demandando que se evalúen con objetividad técnica tanto las observaciones administrativas formuladas contra el quinquenio de Corral como el presunto uso faccioso del aparato judicial estatal por parte de la actual administración local.